sábado, 23 de mayo de 2009

El paraíso existe… ¡y está en huelga!

“Significa que estamos en guerra”, me decía Marta mientras me pintaba la cara de rojo con achiote. Eso fue hace dos días en la comunidad nativa de Wawas, que constituye el primer piquete que controla el tránsito en la carretera que une Bagua chica con Santa María de Nieva, todo esto en la región Amazonas. En esa ruta se encuentra la Estación 6 del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, que está totalmente cercada desde el 9 de abril.

Estuve en Wawas acompañando a una delegación del Comité Regional de Lucha, encargada de informar pueblo por pueblo acerca de las últimas noticias y de las próximas acciones. Nos recibió el apu Heriberto Tiwijam, quien convocó rápidamente a una asamblea con las 40 o 50 personas presentes, entre nativos y mestizos o "apash" como nos llaman acá. Salomón Awanash, presidente del Comité de Lucha, se dirigió en sus hermanos en idioma awajun para informar acerca del DS 031-2009 PCM que oficializa la creación de una Comisión Multisectorial para reestablecer el diálogo en torno a las demandas de los nativos, pero que eso no significa el levantamiento de la protesta porque aún no se derogan los decretos que ponen en peligro la amazonía. Además, explicó que por unos días se flexibilizaba el corte del tránsito, para reabastecerse de comida, combustible y otros productos que empiezas a escasear.

En Wawas empieza en control territorial efectivo de las comunidades nativas. De aquí en adelante, piquetes controlan el tránsito en Shushug, Shiriaco, Nazareth y en la propia Estación 6, ubicada en Kusu Grande. Cinco horas más allá, en Nieva (donde me encuentro en este momento) no hay Policía, Fiscalía, Banco de la Nación ni ninguna institución del Estado desde hace semanas, salvo los servicios de salud atendidos en buena medida por técnicos nativos. La ciudad está en calma y de esta manera los awajun están demostrando que el Estado no les sirve de mucho y a pesar de eso tiene la con...ciencia de subastar sus tierras a empresas petroleras y mineras.

Sin embargo, el primer punto en Amazonas en el que uno puede notar que algo ocurre es el puente Corral Quemado, que une Jaén y Bagua. Allí un contigente de la DIROES está destacado desde el desalojo del día de la madre, hasta ahora la única acción represiva concreta del Estado en esta zona. Hasta ahora, ni estando aquí mismo me termina de quedar claro si la violenta acción policial dejó personas desaparecidas o no, a pesar de haber hecho la misma pregunta una y otra vez. La dirigencia de ORPIAN maneja dos nombres: Hernández Wisun Ñanjun (de 24 años) y Manuel Denktai. Sin embargo, hermanos de Condorcanqui aseguran que Denktai estuvo muy grave en el hospital, pero que ya se recuperó. En tanto, mientras unos me dicen que Wisun ya apareció, otros me dicen que su familia en la cuenca del Cenepa ya está velando su ropa. Según me explicó el profesor Hugo Ortiz, de Bagua, los nativos no llegaron a la toma de Corral Quemado con una contabilidad exacta ni con una lista de los manifestantes, y eso dificulta mucho obtener información clara sobre el hecho.

En lo que la mayoría parece estar de acuerdo es en que la acción de Corral Quemado fue precipitada y poco coordinada. Esta vez, se intentó tomar el puente con unas 260 personas, mientras que el año pasado habán sido más de 2 mil. Parece ser que esta vez, la huelga empezó con fuerza en el distrito de Imaza pero las comunidades de otras zonas se mantuvieron al margen inicialmente, por desacuerdos entre las dirigencias locales. Sin embargo, la represión en Corral Quemado generó un sentimiento de solidaridad muy amplio y empezaron a desplazarse miles de nativos de las zonas más alejadas. Hoy, la mayoría de las comunidades está participando activamente y han decidido dejar la solución de los desacuerdos para más adelante: lo primero, dicen, es lograr el objetivo de derogar los decretos.

Ese fue el ambiente que viví en la Estación 6. Hoy en día está cercada por unos 5 mil awajun, pero quienes la tomaron inicialmente no pasaban de 2 mil. Cuando llegué, encontré cargamentos de plátanos y yucas llegando de todas las comunidades de las cuencas cercanas, y víveres enviados por los mestizos de las ciudades: 4 toneladas uno, 14 toneladas otro, 2 toneladas otro más. El ambiente es tranquilo, los nativos están armados solo con lanzas y han llegado a acuerdos de no agresión con la DIROES y con los dos efectivos de seguridad que se encuentran dentro de la estación. Pero la decisión es clara: no se va a dejar bombear el petróleo hasta que se logre el objetivo del levantamiento.

En este momento estoy en Nieva, registrando las coordinaciones logísticas y comprobando que aquí no corren "miles de dólares" para sostener la movilización, como dicen algunos medios y políticos: los aportes se consiguen con el sacrificio de todos y, también, con la capacidad de negociación de los dirigentes. Fui testigo de cómo uno de los hermanos awajun comprometió a unos conocidos suyos a prestar un camión para trasladar a los nativos hacia Bagua en los próximos días. También he visto cómo un municipio provincial y un gobierno regional amigos han prestado apoyo muy puntual para trasladar víveres que, como les cuento, son aportados principalmente por las familias que se han quedado en las comunidades.

Cuando uno ingresa a la selva es natural pensar "el paraíso existe". Estoy en donde se cruzan los ríos Nieva y Marañón: cerca de aquí, en el Cenepa, la empresa minera Dorato/Afrodita y la petrolera HOCOL tienen denuncios y lotes en etapa de exploración. Muchas empresas mineras están buscando oro y uranio, y algunas empiezan a operar. Así que la lucha de los hermanos awajun no es solo ni principalmente legal: si los "decretos del hortelano" siguen vigentes, será mucho más fácil imponer estas actividades extractivas sin el consentimiento de las comunidades. Ellos conocen la experiencia de sus hermanos Achuar en el río Corrientes, cuyos niños tienen cadmio en la sangre, y no van a permitir que ocurra lo mismo en esta cuenca.

En realidad, su lucha nos interesa a todos. Esta semana va a ser particularmente importante, pues se realizarán movilizaciones, paralizaciones y jornadas de lucha en todo el país en solidaridad con los nativos: ¡es muy importante participar de estas jornadas y demostrar que los hermanos ndígenas no están solos! Además, el miércoles el Congreso debería votar acerca de la derogatoria de uno de los DL cuestionados, el 1090. Pero la pregunta que todos se hacen acá es: ¿qué ocurrirá si después de todo no se logra derogar el paquete completo?

Más adelante completaré la información. ¡Saludos desde el paraíso en huelga!

viernes, 15 de mayo de 2009

Ciegos, sordos, mudos

“Se ha dicho hasta la saciedad que los decretos se pueden corregir, en lo que les pueda afectar a ellos. Les hemos pedido que nos digan qué los afecta para poder corregirlo”. Palabra de Yehude, la tarde del viernes. Francamente, es muy poco serio que la segunda autoridad del país nos diga que aún no conoce las causas de un conflicto que lleva más de nueve meses en curso. El señor Simon Munaro no puede decir que no sabe cuáles son los temas que preocupan a los nativos levantados. Porque si dice eso, entonces debemos pedirle que renuncie, ya que significa que está haciendo muy mal su trabajo.

¿Cómo hemos llegado la gravísima situación actual, en la que los nativos han declarado la desobediencia exponiéndose a una respuesta aún más violenta por parte del Estado? Quizás es necesario ir un poquito atrás en el tiempo y poner el conflicto en perspectiva, para entender el significado de la lucha que está teniendo lugar frente a nuestras narices sin que la mayoría nos lleguemos a dar cuenta.

Octubre de 2007: Alan García inicia la publicación de una serie de tres artículos titulados “el síndrome del perro del hortelano” en los que plantea básicamente que el gran capital transnacional debe invertir en nuestros bosques, ríos, agricultura, petróleo, minas, mar y otros recursos más, pero que para eso necesita la seguridad que solo dan los derechos de propiedad; quienes se oponen a esa propuesta son calificados de “perros del hortelano” pues no comen ni dejan comer. 2007 – 2008: el Ejecutivo presenta una serie de proyectos de Ley en la lógica de los artículos del presidente, pero los mismos no son aprobados porque no obtuvieron el consenso necesario en el Congreso. Junio 2008: el Ejecutivo termina de emitir un paquete de 102 decretos amparándose en las facultades que le delegó el Congreso para “adaptar” nuestra legislación al TLC con EEUU. Muchos de estos son aquellos proyectos que no habían logrado ser aprobados por la vía regular. Lección número uno: el Gobierno está decidido a aplicar la doctrina del “perro del hortelano” por las buenas o por las malas, y es verdaderamente ingenuo interpretar la aplicación de los decretos en cuestión sin tomar en cuenta los artículos presidenciales.

Agosto 2008: la primera gran huelga indígena explota en la cara del Gobierno. Tras semanas de levantamiento, es el Congreso el que desactiva el conflicto derogando dos decretos que promovía una venta más rápida de las tierras comunales. El segundo acuerdo importante fue la instalación de una Mesa Multipartidaria para estudiar el resto de los decretos. Agosto – diciembre 2008: la Mesa trabaja con lentitud y los indígenas amenazan una y otra vez con retomar la lucha si no obtienen respuestas. Diciembre 2009: la Comisión presenta un informe contundente en el que dice a la letra: “Todos los involucrados han coincidido en que los siguientes decretos legislativos vulneran los derechos de los pueblos indígenas: 994, 1020,1064, 1081 y 1098, 1083 y 1089”. Pasa su informe a la Comisión de Constitución recomendando derogar las normas. Abril 2009: la Comisión de Constitución aún no discutía el tema. Lección número dos: la vía legal funciona sólo gracias a las huelgas.

9 de Abril: inicia la segunda huelga amazónica. 20 de abril: después de 11 días y infructuosas tentativas de negociación, Yehude Simon, Antonio Brack y los representantes de AIDESEP firman un acta en la que la PCM se compromete a instalar mediante Decreto Supremo una mesa de diálogo. 14 de mayo: el Decreto aún no había sido emitido. En la noche, el Ejecutivo propone un borrador muy distinto del que habían consensuado aquel lejano 20 de diciembre. Lección número tres: las actas firmadas con Yehude Simon no sirven para nada.

Si en mayo del 2009, después de toda esta historia, Simon dice que no sabe cuáles son los reclamos indígenas, me van a perdonar bastante pero yo comprendo por qué los hermanos amazónicos prefieren no reconocer la autoridad del Gobierno. No hay forma más eficaz para perder toda autoridad ante un interlocutor que mentirle y mecerlo durante meses.

El paquete legislativo en cuestión es gravísimo, aunque la tele no lo diga, los ministros no lo comprendan y los congresistas se hagan de la vista gorda. Algunas perlas. El DL 994 declara que todas las tierras eriazas con aptitud agrícola que no tengan título de propiedad, será de propiedad del Estado, que podrá subastarlas con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. Como las tierras indígenas no han sido adecuadamente tituladas en décadas, el peligro de que el Estado empiece a subastarlas al mejor postor es evidente. El DL 1064 elimina el requisito de negociación previa para que se otorgue a un particular derechos de servidumbre sobre un terreno. El resultado práctico: bastará con autorización del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, para que una empresa use territorio de una comunidad para actividades petroleras o mineras. Además, establece que ante cualquier conflicto con colonos que tengan más de cuatro años de ocupación, primará el derecho de estos últimos sobre el de la comunidad. El DL 1089 trata sobre COFOPRI, un organismo cuya función era urbana y cuyo fin era promover la propiedad formal para ampliar el mercado de tierras. Con esta norma, COFOPRI también titula tierras en zonas rurales, pero con la misma lógica. Lo que está haciendo esta oficina desde hace meses -ya en la práctica, no en el papel- es propiciar la titulación individual y romper la propiedad colectiva, con lo que lejos de buscar la seguridad jurídica para las comunidades se logrará que las tierras de la selva se incorporen al mercado de tierras.

Los decretos deben verse en conjunto, porque en conjunto han sido emitidos y pensados. Por eso sería triplemente ingenuo decir “que se modifique lo que es negativo”: lo que es negativo es el paquete y la manera como cada uno ataca de una manera distinta los derechos de propiedad comunal.

La lucha que están desarrollando los nativos es muy de fondo, y quizás no haya una lucha tan importante en curso. Se trata de definir si todo es mercancía o si, por el contrario hay cosas en este mundo que no pueden ser consideradas como mercancías sino como bienes colectivos o comunes. Parece ser que al capital le resulta realmente incómodo que haya bienes a su alrededor a los que no puede convertir en mercancía que se compra y se vende para reproducirse. Quizás esto es tan incómodo para el capital como lo es para el Estado el hecho de que haya “zonas liberadas” donde la ley es la ley comunal y no la letrada. Y aquí es donde la autosuficiencia de Alan García y la incapacidad de comprender de Yehude Simon se emparentan con el racismo abierto de Aldo Mariátegui. Este último no tolera la sola idea de que personas que tienen otro idioma u otra forma de vestir tengan los mismos derechos que él. En tanto, los fanáticos promotores de la política del hortelano parecen no tolerar que haya formas de gestionar los recursos naturales y de organizar la convivencia con el entorno que no respondan al criterio de maximización de la ganancia monetaria y que puedan tener la misma legitimidad histórica. Por eso, la lucha indígena tiene dimensiones civilizatorias claves en un momento de crisis.

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Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

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