Obama, las amnistías ya fueron

El Presidente del Cambio, Barack Obama, acaba de hacer dos cosas. Primero, ha hecho públicos los documentos secretos de la época de Bush que permitieron que los militares norteamericanos torturaran a sus prisioneros. Y, segundo, ha dispuesto que los soldados que hicieron uso de esos métodos no sean “perseguidos por la justicia”.

Qué genial capacidad para embarrar con la mano derecha lo que acaba de limpiar con la izquierda. Con la primera decisión, Obama dio un paso muy importante para impulsar un proceso de verdad y justicia que, entre otras cosas, es requisito para que EEUU tenga algún tipo de autoridad para hablar sobre los derechos humanos. Y con la segunda nos ha devuelto a la época de las leyes de amnistía que garantizaron que los asesinos y torturadores no fueran juzgados. Como esto ha ocurrido cuando va a empezar la cumbre de presidentes de toda América excepto Cuba, el caso se presta para mostrar las contradicciones del tío Sam en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). Cuba no forma parte de ese sistema porque no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA); EEUU tampoco, a pesar de que sí está en la OEA.

Eso de dejar en la impunidad a los torturadores indigna, por supuesto que sí. Pero además de indignar, llama la atención la “metodología” adoptada para ello. ¿Cómo es posible que en EEUU el Presidente decida qué ciudadano es pasible de una investigación judicial? ¿Y la separación de poderes? ¿Funcionan así las cosas normalmente, o es que Obama está violando su propio sistema legal? En el primer caso, cabe sugerir que EEUU sea expulsado de la OEA, como lo fue Cuba, puesto que su sistema democrático no se ajusta a los estándares establecidos en la Convención Interamericana. En el segundo caso, sería necesario activar la Carta Democrática que sirve para prevenir rupturas en el orden constitucional de los países miembros de la OEA.

En América Latina, los que quisieron garantizar la impunidad al menos tuvieron que pasar el roche de dictar leyes de amnistía, punto final, obediencia debida, etc. De esa manera, con una decisión mucho más “institucional”, “sistémica”, al menos hubo oportunidades para amplios debates y críticas y para la presentación de recursos legales al respecto. Pero ¿de qué naturaleza es esta decisión de Obama? ¿Administrativa? ¿Así se toman este tipo de medidas, en un despacho del Departamento de Justicia, sin rendirle cuentas a nadie?

Pero para efectos legales, lo relevante es que el SIDH ya ha establecido con mucha contundencia que los responsables este tipo de delitos no pueden ser beneficiados con ningún tipo de indulto o perdón, ni a través de leyes ni a través de perdones presidenciales. América (o “las Américas”, como gustan llamarla los gringos) ya ha pasado por esa etapa denigrante, ya la ha superado y ahora nuestros Fujimoris y Videlas ya han sido condenados, así como los militares que efectivamente llevaron a cabo torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la razón para ello? Cito a Ronald Gamarra en un artículo de hoy, pues me parece una buena y concisa explicación: se trata de “actos que la humanidad ha sancionado como atroces”. ¿Obama pretende pasar por encima del consenso moral de la humanidad y mantener a su país en la época de Bush y Abu Grhaib?

Lamentablemente, para efectos legales lo relevante también es que EEUU NO HA FIRMADO ninguno de los convenios del SIDH que establecen posibilidades de recurrir a organismos interamericanos. Si la masacre de La Cantuta hubiera ocurrido en EEUU, Fujimori y Martin Rivas estarían caminando por la calle y las Leyes de Amnistía estarían vigentes. Un ciudadano norteamericano que se sienta vulnerado por la decisión pro-impunidad de Obama no la puede denunciar ante la Corte de San José.

Mi pregunta ingenua es: ¿así Obama le pone condiciones a Cuba para “aceptarla” en el seno de nuestro sistema interamericano? Ojo, aquí quiero aprovechar para señalar que Hugo Chávez y todos los que plantean que la OEA debe morir cometen un grave (¿e interesado?) error, puesto que la expansión de los derechos humanos reconocidos por nuestros Estados se ha dado en el marco del desarrollo del sistema interamericano cuya organización madre es la OEA. El punto no es que la Convención Americana, la Corte y la Comisión Interamericana estén mal, sino que no se están aplicando a todos los miembros de la OEA. Por supuesto que Cuba no encaja dentro del SIDH y por supuesto que sí sería excelente que los ciudadanos de la Cuba socialista puedan recurrir a San José cuando sientan que su Estado está violando sus derechos. Para eso, Cuba no tiene por qué dejar de ser socialista.

Pero eso va de la mano con que si EEUU quiere mantenerse dentro de la OEA, debe someterse a las mismas condiciones y esta situación de dos varas para medir el respeto a los derechos humanos debe terminar.

Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!