La muerte se pasea libremente. (Foto: Tania Herrera)
Una tras otra estas tragedias han sido como cachetadas en un país en el que la muerte no deja nunca de ser la protagonista. No es que sean novedades, para nada. Nuestro ritmo de fallecidos en accidentes de tránsito es tan grande que casi equivale al holocausto que padecimos durante la guerra interna: 15 mil muertos en los últimos cinco años se proyectan a 60 mil en dos décadas. Claro que si miramos América Latina no estamos tan pésimo como otros países hermanos: estamos entre los países de “medio riesgo”. Pero frías estadísticas a parte, estamos ante una matanza sistemática. Matanza que para colmo afecta casi exclusivamente a los sectores más populares, que son los que más viajan en los peores servicios de transporte público. Cosa que explica suficientemente por qué a ninguna figura política le interesa demasiado el tema: enfrentar un coctail de corrupción, mala regulación, mala infraestructura, informalidad y empresas que abusan de sus trabajadores y de sus pasajeros es demasiado complicado para “sólo” salvar las vidas de tanto perro del hortelano.
Los enfrentamientos en los dos valles donde aún se mueven organizaciones armadas tampoco son una sorpresa, aunque lo cierto es que sí se han incrementado. El 2008 murieron unas 40 personas sumando todos los militares, senderistas y civiles caídos en el Huallaga y en la zona de los ríos Apurímac y Ene (que ahora llaman “VRAE”). Las dos emboscadas del fin de semana son los golpes más duros que han recibido las Fuerzas del (des)Orden desde hace mucho tiempo. Pero, junto con las muertes, lo que es más lamentable es el discurso desarrollado por ambos bandos. Las fuerzas del Estado y sus voceros oficiosos se dedican a desprestigiar a los organismos de derechos humanos y a predicar la aplicación de leyes militares para los pobladores, que solo son “soplones y burriers”. Y por la voz de Víctor Quispe alias “José”, quien por fin ha salido a dar noticias políticas de su organización, sabemos que los insurgidos se felicitan por responder de esta manera contra los aliados del imperialismo. Diálogo de sordos, negociación imposible, fin de la guerra impensable: cada uno de los adversarios es el demonio y debe morir. Es el resultado esperable tras no haber sido capaces de impulsar un proceso mayoritario de memoria, verdad y justicia.
En realidad, aquí también cabría hablar de otros peruanos muertos por motivos políticos pero que para la prensa no es políticamente conveniente recordar. Godofredo García, Eddy Quilca, Edmundo Becerra, Julio Rojas, Rubén Pariona, Emiliano García, Marvin Gonzalez son solo algunos de los nombres de compatriotas que murieron por motivos políticos sin haberse alzado en armas. Sicarios, agentes de seguridad privada, militares y policías los mataron en diversas circunstancias por pensar distinto y pese a estar realizando acciones francamente inofensivas para efectos de “seguridad pública”. Son casi 30 casos en los últimos dos gobiernos, y hasta donde sé solo en el “caso Suso” hay avances que permiten tener alguna esperanza de justicia, mientras que en los demás reina la impunidad.
El “Plan anticrisis” del Gobierno contempla inyectar este año 773 millones de soles para la construcción de tres tramos del IIRSA Sur, este proyecto de infraestructura vial que servirá para conectar a Brasil con el Pacífico a través de diversas rutas, facilitando el comercio de Sudamérica con China y Asia. Ojalá que el plan ayude a generar trabajo, desarrollo, etc, etc, etc, bla, bla, bla... Pero sobretodo ojalá que hubiera un plan mucho más ambicioso para que los miles de pueblos dejados a su suerte en cuestiones de infraestructura puedan renovar sus puentes y caminos y nunca más ocurra una tragedia como la de Cora Cora. ¿Qué es más importante para nuestros gobernantes: facilitar la agroexportación y hacer que Lima se vea bonita o interconectar de manera segura el interior del país? La respuesta cae por su propio peso si uno compara los gastos superfluos sumados a los gastos en megaproyectos proempresariales con los gastos viales en pequeñas localidades.
Lo más indignante de la caída del puente en Ayacucho es aquello que en la tele ha aparecido como lo más natural del mundo: que los heridos hayan sido trasladados a Lima. ¿¿Es que acaso no hay hospitales en Huamanga o en la provincia con los equipos y recursos suficientes para tratarlos?? Yo sé que la respuesta a esta pregunta retórica es: ”no”. Así como no se gasta en un pequeño puente, tampoco se gasta en hospitales, medicinas, colegios, universidades ni en nada de lo que constituyen derechos básicos de las personas.
Mientras la vida de los demás no valga nada porque son pobres, provincianos o porque piensan distinto, la muerte seguirá haciendo su agosto por estos lares. Ojalá que el hecho de que estas tres tragedias hayan tenido lugar de manera consecutiva nos ayude a darnos cuenta que no se trata de fatales hechos aislados, sino de la consecuencia natural de nuestra lógica de convivencia colectiva.
Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!
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