“Se ha dicho hasta la saciedad que los decretos se pueden corregir, en lo que les pueda afectar a ellos. Les hemos pedido que nos digan qué los afecta para poder corregirlo”. Palabra de Yehude, la tarde del viernes. Francamente, es muy poco serio que la segunda autoridad del país nos diga que aún no conoce las causas de un conflicto que lleva más de nueve meses en curso. El señor Simon Munaro no puede decir que no sabe cuáles son los temas que preocupan a los nativos levantados. Porque si dice eso, entonces debemos pedirle que renuncie, ya que significa que está haciendo muy mal su trabajo.
¿Cómo hemos llegado la gravísima situación actual, en la que los nativos han declarado la desobediencia exponiéndose a una respuesta aún más violenta por parte del Estado? Quizás es necesario ir un poquito atrás en el tiempo y poner el conflicto en perspectiva, para entender el significado de la lucha que está teniendo lugar frente a nuestras narices sin que la mayoría nos lleguemos a dar cuenta.
Octubre de 2007: Alan García inicia la publicación de una serie de tres artículos titulados “el síndrome del perro del hortelano” en los que plantea básicamente que el gran capital transnacional debe invertir en nuestros bosques, ríos, agricultura, petróleo, minas, mar y otros recursos más, pero que para eso necesita la seguridad que solo dan los derechos de propiedad; quienes se oponen a esa propuesta son calificados de “perros del hortelano” pues no comen ni dejan comer. 2007 – 2008: el Ejecutivo presenta una serie de proyectos de Ley en la lógica de los artículos del presidente, pero los mismos no son aprobados porque no obtuvieron el consenso necesario en el Congreso. Junio 2008: el Ejecutivo termina de emitir un paquete de 102 decretos amparándose en las facultades que le delegó el Congreso para “adaptar” nuestra legislación al TLC con EEUU. Muchos de estos son aquellos proyectos que no habían logrado ser aprobados por la vía regular. Lección número uno: el Gobierno está decidido a aplicar la doctrina del “perro del hortelano” por las buenas o por las malas, y es verdaderamente ingenuo interpretar la aplicación de los decretos en cuestión sin tomar en cuenta los artículos presidenciales.
Agosto 2008: la primera gran huelga indígena explota en la cara del Gobierno. Tras semanas de levantamiento, es el Congreso el que desactiva el conflicto derogando dos decretos que promovía una venta más rápida de las tierras comunales. El segundo acuerdo importante fue la instalación de una Mesa Multipartidaria para estudiar el resto de los decretos. Agosto – diciembre 2008: la Mesa trabaja con lentitud y los indígenas amenazan una y otra vez con retomar la lucha si no obtienen respuestas. Diciembre 2009: la Comisión presenta un informe contundente en el que dice a la letra: “Todos los involucrados han coincidido en que los siguientes decretos legislativos vulneran los derechos de los pueblos indígenas: 994, 1020,1064, 1081 y 1098, 1083 y 1089”. Pasa su informe a la Comisión de Constitución recomendando derogar las normas. Abril 2009: la Comisión de Constitución aún no discutía el tema. Lección número dos: la vía legal funciona sólo gracias a las huelgas.
9 de Abril: inicia la segunda huelga amazónica. 20 de abril: después de 11 días y infructuosas tentativas de negociación, Yehude Simon, Antonio Brack y los representantes de AIDESEP firman un acta en la que la PCM se compromete a instalar mediante Decreto Supremo una mesa de diálogo. 14 de mayo: el Decreto aún no había sido emitido. En la noche, el Ejecutivo propone un borrador muy distinto del que habían consensuado aquel lejano 20 de diciembre. Lección número tres: las actas firmadas con Yehude Simon no sirven para nada.
Si en mayo del 2009, después de toda esta historia, Simon dice que no sabe cuáles son los reclamos indígenas, me van a perdonar bastante pero yo comprendo por qué los hermanos amazónicos prefieren no reconocer la autoridad del Gobierno. No hay forma más eficaz para perder toda autoridad ante un interlocutor que mentirle y mecerlo durante meses.
El paquete legislativo en cuestión es gravísimo, aunque la tele no lo diga, los ministros no lo comprendan y los congresistas se hagan de la vista gorda. Algunas perlas. El DL 994 declara que todas las tierras eriazas con aptitud agrícola que no tengan título de propiedad, será de propiedad del Estado, que podrá subastarlas con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. Como las tierras indígenas no han sido adecuadamente tituladas en décadas, el peligro de que el Estado empiece a subastarlas al mejor postor es evidente. El DL 1064 elimina el requisito de negociación previa para que se otorgue a un particular derechos de servidumbre sobre un terreno. El resultado práctico: bastará con autorización del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, para que una empresa use territorio de una comunidad para actividades petroleras o mineras. Además, establece que ante cualquier conflicto con colonos que tengan más de cuatro años de ocupación, primará el derecho de estos últimos sobre el de la comunidad. El DL 1089 trata sobre COFOPRI, un organismo cuya función era urbana y cuyo fin era promover la propiedad formal para ampliar el mercado de tierras. Con esta norma, COFOPRI también titula tierras en zonas rurales, pero con la misma lógica. Lo que está haciendo esta oficina desde hace meses -ya en la práctica, no en el papel- es propiciar la titulación individual y romper la propiedad colectiva, con lo que lejos de buscar la seguridad jurídica para las comunidades se logrará que las tierras de la selva se incorporen al mercado de tierras.
Los decretos deben verse en conjunto, porque en conjunto han sido emitidos y pensados. Por eso sería triplemente ingenuo decir “que se modifique lo que es negativo”: lo que es negativo es el paquete y la manera como cada uno ataca de una manera distinta los derechos de propiedad comunal.
La lucha que están desarrollando los nativos es muy de fondo, y quizás no haya una lucha tan importante en curso. Se trata de definir si todo es mercancía o si, por el contrario hay cosas en este mundo que no pueden ser consideradas como mercancías sino como bienes colectivos o comunes. Parece ser que al capital le resulta realmente incómodo que haya bienes a su alrededor a los que no puede convertir en mercancía que se compra y se vende para reproducirse. Quizás esto es tan incómodo para el capital como lo es para el Estado el hecho de que haya “zonas liberadas” donde la ley es la ley comunal y no la letrada. Y aquí es donde la autosuficiencia de Alan García y la incapacidad de comprender de Yehude Simon se emparentan con el racismo abierto de Aldo Mariátegui. Este último no tolera la sola idea de que personas que tienen otro idioma u otra forma de vestir tengan los mismos derechos que él. En tanto, los fanáticos promotores de la política del hortelano parecen no tolerar que haya formas de gestionar los recursos naturales y de organizar la convivencia con el entorno que no respondan al criterio de maximización de la ganancia monetaria y que puedan tener la misma legitimidad histórica. Por eso, la lucha indígena tiene dimensiones civilizatorias claves en un momento de crisis.
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Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!
¿Cómo hemos llegado la gravísima situación actual, en la que los nativos han declarado la desobediencia exponiéndose a una respuesta aún más violenta por parte del Estado? Quizás es necesario ir un poquito atrás en el tiempo y poner el conflicto en perspectiva, para entender el significado de la lucha que está teniendo lugar frente a nuestras narices sin que la mayoría nos lleguemos a dar cuenta.
Octubre de 2007: Alan García inicia la publicación de una serie de tres artículos titulados “el síndrome del perro del hortelano” en los que plantea básicamente que el gran capital transnacional debe invertir en nuestros bosques, ríos, agricultura, petróleo, minas, mar y otros recursos más, pero que para eso necesita la seguridad que solo dan los derechos de propiedad; quienes se oponen a esa propuesta son calificados de “perros del hortelano” pues no comen ni dejan comer. 2007 – 2008: el Ejecutivo presenta una serie de proyectos de Ley en la lógica de los artículos del presidente, pero los mismos no son aprobados porque no obtuvieron el consenso necesario en el Congreso. Junio 2008: el Ejecutivo termina de emitir un paquete de 102 decretos amparándose en las facultades que le delegó el Congreso para “adaptar” nuestra legislación al TLC con EEUU. Muchos de estos son aquellos proyectos que no habían logrado ser aprobados por la vía regular. Lección número uno: el Gobierno está decidido a aplicar la doctrina del “perro del hortelano” por las buenas o por las malas, y es verdaderamente ingenuo interpretar la aplicación de los decretos en cuestión sin tomar en cuenta los artículos presidenciales.
Agosto 2008: la primera gran huelga indígena explota en la cara del Gobierno. Tras semanas de levantamiento, es el Congreso el que desactiva el conflicto derogando dos decretos que promovía una venta más rápida de las tierras comunales. El segundo acuerdo importante fue la instalación de una Mesa Multipartidaria para estudiar el resto de los decretos. Agosto – diciembre 2008: la Mesa trabaja con lentitud y los indígenas amenazan una y otra vez con retomar la lucha si no obtienen respuestas. Diciembre 2009: la Comisión presenta un informe contundente en el que dice a la letra: “Todos los involucrados han coincidido en que los siguientes decretos legislativos vulneran los derechos de los pueblos indígenas: 994, 1020,1064, 1081 y 1098, 1083 y 1089”. Pasa su informe a la Comisión de Constitución recomendando derogar las normas. Abril 2009: la Comisión de Constitución aún no discutía el tema. Lección número dos: la vía legal funciona sólo gracias a las huelgas.
9 de Abril: inicia la segunda huelga amazónica. 20 de abril: después de 11 días y infructuosas tentativas de negociación, Yehude Simon, Antonio Brack y los representantes de AIDESEP firman un acta en la que la PCM se compromete a instalar mediante Decreto Supremo una mesa de diálogo. 14 de mayo: el Decreto aún no había sido emitido. En la noche, el Ejecutivo propone un borrador muy distinto del que habían consensuado aquel lejano 20 de diciembre. Lección número tres: las actas firmadas con Yehude Simon no sirven para nada.
Si en mayo del 2009, después de toda esta historia, Simon dice que no sabe cuáles son los reclamos indígenas, me van a perdonar bastante pero yo comprendo por qué los hermanos amazónicos prefieren no reconocer la autoridad del Gobierno. No hay forma más eficaz para perder toda autoridad ante un interlocutor que mentirle y mecerlo durante meses.
El paquete legislativo en cuestión es gravísimo, aunque la tele no lo diga, los ministros no lo comprendan y los congresistas se hagan de la vista gorda. Algunas perlas. El DL 994 declara que todas las tierras eriazas con aptitud agrícola que no tengan título de propiedad, será de propiedad del Estado, que podrá subastarlas con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. Como las tierras indígenas no han sido adecuadamente tituladas en décadas, el peligro de que el Estado empiece a subastarlas al mejor postor es evidente. El DL 1064 elimina el requisito de negociación previa para que se otorgue a un particular derechos de servidumbre sobre un terreno. El resultado práctico: bastará con autorización del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, para que una empresa use territorio de una comunidad para actividades petroleras o mineras. Además, establece que ante cualquier conflicto con colonos que tengan más de cuatro años de ocupación, primará el derecho de estos últimos sobre el de la comunidad. El DL 1089 trata sobre COFOPRI, un organismo cuya función era urbana y cuyo fin era promover la propiedad formal para ampliar el mercado de tierras. Con esta norma, COFOPRI también titula tierras en zonas rurales, pero con la misma lógica. Lo que está haciendo esta oficina desde hace meses -ya en la práctica, no en el papel- es propiciar la titulación individual y romper la propiedad colectiva, con lo que lejos de buscar la seguridad jurídica para las comunidades se logrará que las tierras de la selva se incorporen al mercado de tierras.
Los decretos deben verse en conjunto, porque en conjunto han sido emitidos y pensados. Por eso sería triplemente ingenuo decir “que se modifique lo que es negativo”: lo que es negativo es el paquete y la manera como cada uno ataca de una manera distinta los derechos de propiedad comunal.
La lucha que están desarrollando los nativos es muy de fondo, y quizás no haya una lucha tan importante en curso. Se trata de definir si todo es mercancía o si, por el contrario hay cosas en este mundo que no pueden ser consideradas como mercancías sino como bienes colectivos o comunes. Parece ser que al capital le resulta realmente incómodo que haya bienes a su alrededor a los que no puede convertir en mercancía que se compra y se vende para reproducirse. Quizás esto es tan incómodo para el capital como lo es para el Estado el hecho de que haya “zonas liberadas” donde la ley es la ley comunal y no la letrada. Y aquí es donde la autosuficiencia de Alan García y la incapacidad de comprender de Yehude Simon se emparentan con el racismo abierto de Aldo Mariátegui. Este último no tolera la sola idea de que personas que tienen otro idioma u otra forma de vestir tengan los mismos derechos que él. En tanto, los fanáticos promotores de la política del hortelano parecen no tolerar que haya formas de gestionar los recursos naturales y de organizar la convivencia con el entorno que no respondan al criterio de maximización de la ganancia monetaria y que puedan tener la misma legitimidad histórica. Por eso, la lucha indígena tiene dimensiones civilizatorias claves en un momento de crisis.
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Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!
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