¡Los han matado!*

¡Los han matado!*

* Nota: Una primera versión de este texto fue publicada en http://lapalabraingenua.blogspot.com el sábado 6 de junio, al calor de las primeras noticias del enfrentamiento. Esta segunda versión se terminó de corregir el 20 de julio e incluye informaciones más precisas que el original.

¡Qué doloroso ver las imágenes de nuestros hermanos indígenas baleados y con quemaduras graves, tirados en la carretera! ¡Qué dolorosas las fotografías de los policías jóvenes muertos al día siguiente en un acto de guerra que ellos no esperaban ni provocaron! ¡Qué doloroso! Después de haber dormido en esa misma carretera tomada, después de haber compartido historias, un plato de sopa y mil esperanzas con mis hermanos awajun y wampis, después de haber visto a los efectivos policiales, también hermanos míos, jugando fulbito para aliviar la tensión, esas imágenes no son sólo información: son una herida que sangra. Y al dolor se suman la ira y la cólera en contra de los responsables, y la frustración frente a la arrogancia de un Gobierno que no considera a los pueblos indígenas dignos de ser escuchados.

Las informaciones acerca de lo que ocurrió en las dos Baguas y en las inmediaciones a inicios de junio no son claras aún, a pesar del tiempo transcurrido. Pero hay una cosa que está clarísima: el Gobierno miente. Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Alan García mienten. Dicen que “sólo son tres indígenas muertos” mientras que “las víctimas” son los Policías “atacados” con “armas” de grueso calibre… ¡Qué vergüenza sus mentiras y qué vergüenza que la televisión solo sepa repetir sus mentiras! Aquí todos, indígenas y policías, son víctimas de un mismo victimario: el Gobierno, que en su necedad ha decidido imponer sus decretos iniciando una matanza de peruanos contra peruanos.

Seamos claros. La carretera Fernando Belaúnde estaba tomada desde el martes 26 por más de 3600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. La DINOES tenía muy bien estudiada la situación, sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el Comité de Lucha. Cuando el Ministerio del Interior ha dado la orden de iniciar el desalojo, el general Uribe Altamirano tiene que haber explicado los detalles de la toma y el Ejecutivo tiene que haber autorizado el uso de este grado de violencia, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego y la autorización para disparar al cuerpo y a matar. La DINOES no hubiera procedido de la forma en que lo ha hecho sin estar segura de que contaría con respaldo político.

Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 21 personas durante el enfrentamiento en la carretera, nueve de ellos civiles. Esta es la cifra oficial, que nadie en Bagua cree. Hay testigos que aseguran que decenas de cuerpos fueron quemados, embolsados y tirados al río Marañón. Hay heridos graves y muy graves, casi todos con balas en el cuerpo, incluyendo niños. Hay cadáveres con muestras de quemaduras. Hay suficientes elementos para asegurar que la Policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza. Además, hay una evidente voluntad de ocultamiento de la verdad, habiendo transcurrido hasta cinco días antes de que alguna autoridad civil llegara al lugar de los enfrentamientos. Aún hay desaparecidos, entre ellos un oficial de la Policía y una cifra de nativos que algunas fuentes ubican alrededor de los 60. Además, hay decenas de detenidos cuya situación legal es por lo menos irregular, y que no contaron con traductores para dar sus manifestaciones y muestran signos de maltratos y torturas.

Hay 24 policías muertos. ¡Por supuesto que es terrible! Doce de ellos han muerto durante el desalojo. Según han contado testigos, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas doce muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el Gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Pero no es posible olvidar que son muertes en un enfrentamiento, y era muy poco probable que quienes estaban siendo agredidos se quedaran sentados mirando cómo les disparaban con armas de fuego.

Muy distinto es lo que ha ocurrido en Kusú Grande, donde se ubica la Estación 6 del Oleoducto Norperuano que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2 mil indígenas ubicados en la zona. El sábado 6, tras la masacre en Bagua, doce de los policías fueron víctimas de la ira de los manifestantes. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el Gobierno ha iniciado su barbarie SABIENDO que había 38 policías en minoría absoluta en la Estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos. Esto ha sido, por lo menos, una irresponsabilidad criminal. Pero también cabe sospechar que algún estratega poco escrupuloso haya evaluado que un eventual desborde llevaría a los medios y a la opinión pública limeña a rechazar la protesta indígena...

Hoy, el Gobierno sigue echando la culpa de la violencia a los dirigentes. No puedo dejar de decir que lo que yo he visto con mis propios ojos es lo contrario: son los dirigentes quienes han tenido la capacidad de conducir la protesta dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos. He sido testigo directo de cómo una ancha capa de dirigentes de mucha calidad humana, muchos de ellos profesionales, explicaban una y otra vez en cada asamblea y en cada reunión que la lucha debía respetar los derechos humanos, que sólo podrían triunfar si la protesta era pacífica y que si se volvía violenta sin duda serían derrotados. Así, han controlado durante 56 días posturas más radicales y han realizado acciones masivas y contundentes, como el cierre del flujo de petróleo y el corte de carreteras, pero siempre de manera pacífica. Ahora, el Gobierno ha forzado al caos, ha matado, herido, detenido y obligado a esconderse a muchos dirigentes y ha dejado un movimiento masivo y frustrado sin dirección política. Al mismo tiempo, ha empezado a mover sus fichas buscando dividir a la única organización indígena representativa a fin de colocar “dirigentes” afines y saboteando así cualquier posibilidad de diálogo fructífero. Obviamente, las consecuencias son impredecibles.

El Gobierno se ha manchado las manos de sangre de manera brutal. Solo encuentro una salida política y una demanda posible: destitución, juicio y sanción a los responsables. ¡Por dios! Acabamos de conseguir que Fujimori sea condenado a 25 años por matar personas para imponer la razón de Estado. ¿Nunca vamos a aprender? ¿Vamos a tolerar ser gobernados por un criminal?

No quiero dejar pasar el fondo del asunto. La “protesta irracional” de los indígenas está respaldada por tres informes de comisiones del Congreso, un informe de la Defensoría del Pueblo, un informe de una comisión de expertos de la OIT y numerosos informes privados. No hay aquí “terroristas”, “ignorantes”, “manipulados” ni “títeres”: hay un pueblo convencido de que el Estado quiere imponer mediante los decretos cuestionados la explotación irracional y agresiva de los recursos de sus territorios, y ese convencimiento está suficientemente sustentado legal y técnicamente. La ignorancia es la del Gobierno, que cree que puede imponer su punto de vista y mentir descaradamente y que los peruanos nos quedaremos tranquilos. Luego de la protesta solo dos de los decretos fueron derogados, en un acto de realismo y pragmatismo político, pero el grueso del marco regulatorio que busca imponer la gran inversión privada en tierras indígenas sigue intacto.

Nueve noches antes de la violencia, Roberto, un awajun de la cuenca del Santiago, me contaba las historias que a él le habían contado los viejos de la comunidad acerca de cómo diversos personajes de la naturaleza lucharon con ingenio para vencer a los hombres antiguos que se comían a otros hombres. “Así estamos nosotros ahora, luchando por defender la vida pero con inteligencia, no con la fuerza”. Eso es lo que nuestros hermanos han estado haciendo por nosotros: luchando por defender la vida, defender la selva amazónica de una agresiva transformación pro-empresarial. Ahora no sé si Roberto, Leonidas, el apu Oscar, Ricardo y otros hermanos con los que compartimos esa noche de lucha siguen vivos, están heridos o dónde se encuentran. Pero lo que sí sé es que ellos o sus hermanos seguirán luchando en contra de los “decretos del hortelano” y por construir un Perú en el que su visión acerca del “desarrollo” sea escuchada y valorada.

¡Los han matado!

¡Qué doloroso ver las imágenes de nuestros hermanos indígenas baleados y con quemaduras graves, tirados en la carretera! ¡Qué doloroso! Después de haber dormido con ellos en esa misma carretera hace solo 8 días, después de haber compartido historias, un plato de sopa y mil esperanzas, esas imágenes no son sólo información: son una herida que sangra. Y al dolor se suman la ira y la cólera en contra de los responsables, y la frustración frente a la arrogancia de un Gobierno que no considera a los pueblos indígenas dignos de ser escuchados.

Las informaciones acerca de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en las dos Baguas y en las inmediaciones no son claras, pero hay una cosa que está clarísima: el Gobierno miente. Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Alan García mienten. Dicen que “sólo son tres indígenas muertos” mientras que “las víctimas” son los Policías “atacados” con “armas” de grueso calibre… ¡Qué vergüenza sus mentiras y qué vergüenza que la televisión solo sepa repetir sus mentiras! Aquí todos, indígenas y policías, son víctimas de un mismo victimario: el Gobierno, que en su necedad ha decidido imponer sus decretos iniciando una matanza de peruanos contra peruanos.

Seamos claros. La carretera Fernando Belaúnde estaba tomada desde el martes 26 por más de 3600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. La DINOES tenía muy bien estudiada la situación, sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el Comité de Lucha. Cuando el Ministerio del Interior ha dado la orden de iniciar el desalojo, el general Uribe Altamirano tiene que haber explicado los detalles de la toma y el Ejecutivo tiene que haber autorizado el uso de este grado de violencia, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego y la autorización para disparar al cuerpo y a matar. La DINOES no hubiera procedido de la forma en que lo ha hecho sin estar segura de que contaría con respaldo político.

Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 22 indígenas pero cruzando cifras y testimonios no debería sorprender que la cifra real llegue a superar los 50. Hay niños muertos con balas en el cuerpo. Hay cadáveres con quemaduras y hay testigos que aseguran que los cuerpos están siendo tirados al río Marañón. Hay decenas de detenidos cuya situación no se conoce. Hay heridos graves y muy graves y hay suficientes pruebas que demuestran que la Policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza.

Además, hay veinte policías muertos. ¡Por supuesto que es terrible! Once de ellos han muerto durante el enfrentamiento. Según han contado testigos del desalojo, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas once muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el Gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Pero no es posible olvidar que son muertes en un enfrentamiento, y era muy poco probable que quienes estaban siendo agredidos se quedaran sentados mirando cómo les disparaban con armas de fuego.

Muy distinto es lo que ha ocurrido en Kusú Grande, donde se ubica la Estación 6 del Oleoducto Norperuano que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2 mil indígenas ubicados en la zona. El viernes, tras la masacre en Bagua, nueve de los policías han sido víctimas de la ira awajun. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el Gobierno ha iniciado su barbarie SABIENDO que había 38 policías en minoría absoluta en la Estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos a sabiendas de que si ocurría un desborde los indígenas perderían puntos frente a la opinión pública.

Hoy, el Gobierno le hecha la culpa de la violencia a los dirigentes. No puedo dejar de decir que lo que yo he visto con mis propios ojos es lo contrario: son los dirigentes quienes han tenido la capacidad de conducir la protesta dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos. He sido testigo directo de cómo una ancha capa de dirigentes de mucha calidad humana, muchos de ellos profesionales, explicaban una y otra vez en cada asamblea y en cada reunión que la lucha debía respetar los derechos humanos, que sólo podrían triunfar si la protesta era pacífica y que si se volvía violenta sin duda serían derrotados. Así, han controlado durante 56 días posturas más radicales y han realizado acciones masivas y contundentes, como el cierre del flujo de petróleo y el corte de carreteras, pero siempre de manera pacífica. Ahora, el Gobierno ha forzado al caos, ha matado, herido y obligado a esconderse a muchos dirigentes y ha dejado un movimiento masivo y frustrado sin dirección política. Obviamente, las consecuencias son impredecibles, y por eso AIDESEP parece haber tomado la decisión prudente de replegar las protestas mientras se aclara el panorama.

El Gobierno se ha manchado las manos de sangre de manera brutal. Solo encuentro una salida política y una demanda posible: destitución, juicio y sanción a los responsables. ¡Por dios! Acabamos de conseguir que Fujimori sea condenado a 25 años por matar personas para imponer la razón de Estado. ¿Nunca vamos a aprender? ¿Vamos a tolerar ser gobernados por un criminal?

No quiero dejar pasar el fondo del asunto. La “protesta irracional” de los indígenas está respaldada por tres informes de comisiones del Congreso, un informe de la Defensoría del Pueblo, un informe de una comisión de expertos de la OIT y numerosos informes privados. No hay aquí “terroristas”, “ignorantes”, “manipulados” ni “títeres”: hay un pueblo convencido de que el Estado quiere imponer mediante los decretos cuestionados la explotación irracional y agresiva de los recursos de sus territorios, y ese convencimiento está suficientemente sustentado legal y técnicamente. La ignorancia es la del Gobierno, que cree que puede imponer su punto de vista y mentir descaradamente y que los peruanos nos quedaremos tranquilos.

Hace nueve noches, Roberto, un awajun de la cuenca del Santiago, me contaba las historias que a él le habían contado los viejos de la comunidad acerca de cómo diversos personajes de la naturaleza lucharon con ingenio para vencer a los hombres antiguos que comían a otros hombres. “Así estamos nosotros ahora, luchando por defender la vida pero con inteligencia, no con la fuerza”. Eso es lo que nuestros hermanos han estado haciendo por nosotros: luchando por defender la vida, defender la selva amazónica de una agresiva transformación pro-empresarial. Ahora no sé si Roberto, Leonidas,el apu Oscar, Ricardo y otros hermanos con los que compartimos esa noche de lucha siguen vivos, están heridos o dónde se encuentran. Pero lo que sí sé es que ellos o sus hermanos seguirán luchando en contra de los “decretos del hortelano” y por construir un Perú en el que su visión acerca del “desarrollo” sea escuchada y valorada.

El paraíso existe… ¡y está en huelga!

“Significa que estamos en guerra”, me decía Marta mientras me pintaba la cara de rojo con achiote. Eso fue hace dos días en la comunidad nativa de Wawas, que constituye el primer piquete que controla el tránsito en la carretera que une Bagua chica con Santa María de Nieva, todo esto en la región Amazonas. En esa ruta se encuentra la Estación 6 del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, que está totalmente cercada desde el 9 de abril.

Estuve en Wawas acompañando a una delegación del Comité Regional de Lucha, encargada de informar pueblo por pueblo acerca de las últimas noticias y de las próximas acciones. Nos recibió el apu Heriberto Tiwijam, quien convocó rápidamente a una asamblea con las 40 o 50 personas presentes, entre nativos y mestizos o "apash" como nos llaman acá. Salomón Awanash, presidente del Comité de Lucha, se dirigió en sus hermanos en idioma awajun para informar acerca del DS 031-2009 PCM que oficializa la creación de una Comisión Multisectorial para reestablecer el diálogo en torno a las demandas de los nativos, pero que eso no significa el levantamiento de la protesta porque aún no se derogan los decretos que ponen en peligro la amazonía. Además, explicó que por unos días se flexibilizaba el corte del tránsito, para reabastecerse de comida, combustible y otros productos que empiezas a escasear.

En Wawas empieza en control territorial efectivo de las comunidades nativas. De aquí en adelante, piquetes controlan el tránsito en Shushug, Shiriaco, Nazareth y en la propia Estación 6, ubicada en Kusu Grande. Cinco horas más allá, en Nieva (donde me encuentro en este momento) no hay Policía, Fiscalía, Banco de la Nación ni ninguna institución del Estado desde hace semanas, salvo los servicios de salud atendidos en buena medida por técnicos nativos. La ciudad está en calma y de esta manera los awajun están demostrando que el Estado no les sirve de mucho y a pesar de eso tiene la con...ciencia de subastar sus tierras a empresas petroleras y mineras.

Sin embargo, el primer punto en Amazonas en el que uno puede notar que algo ocurre es el puente Corral Quemado, que une Jaén y Bagua. Allí un contigente de la DIROES está destacado desde el desalojo del día de la madre, hasta ahora la única acción represiva concreta del Estado en esta zona. Hasta ahora, ni estando aquí mismo me termina de quedar claro si la violenta acción policial dejó personas desaparecidas o no, a pesar de haber hecho la misma pregunta una y otra vez. La dirigencia de ORPIAN maneja dos nombres: Hernández Wisun Ñanjun (de 24 años) y Manuel Denktai. Sin embargo, hermanos de Condorcanqui aseguran que Denktai estuvo muy grave en el hospital, pero que ya se recuperó. En tanto, mientras unos me dicen que Wisun ya apareció, otros me dicen que su familia en la cuenca del Cenepa ya está velando su ropa. Según me explicó el profesor Hugo Ortiz, de Bagua, los nativos no llegaron a la toma de Corral Quemado con una contabilidad exacta ni con una lista de los manifestantes, y eso dificulta mucho obtener información clara sobre el hecho.

En lo que la mayoría parece estar de acuerdo es en que la acción de Corral Quemado fue precipitada y poco coordinada. Esta vez, se intentó tomar el puente con unas 260 personas, mientras que el año pasado habán sido más de 2 mil. Parece ser que esta vez, la huelga empezó con fuerza en el distrito de Imaza pero las comunidades de otras zonas se mantuvieron al margen inicialmente, por desacuerdos entre las dirigencias locales. Sin embargo, la represión en Corral Quemado generó un sentimiento de solidaridad muy amplio y empezaron a desplazarse miles de nativos de las zonas más alejadas. Hoy, la mayoría de las comunidades está participando activamente y han decidido dejar la solución de los desacuerdos para más adelante: lo primero, dicen, es lograr el objetivo de derogar los decretos.

Ese fue el ambiente que viví en la Estación 6. Hoy en día está cercada por unos 5 mil awajun, pero quienes la tomaron inicialmente no pasaban de 2 mil. Cuando llegué, encontré cargamentos de plátanos y yucas llegando de todas las comunidades de las cuencas cercanas, y víveres enviados por los mestizos de las ciudades: 4 toneladas uno, 14 toneladas otro, 2 toneladas otro más. El ambiente es tranquilo, los nativos están armados solo con lanzas y han llegado a acuerdos de no agresión con la DIROES y con los dos efectivos de seguridad que se encuentran dentro de la estación. Pero la decisión es clara: no se va a dejar bombear el petróleo hasta que se logre el objetivo del levantamiento.

En este momento estoy en Nieva, registrando las coordinaciones logísticas y comprobando que aquí no corren "miles de dólares" para sostener la movilización, como dicen algunos medios y políticos: los aportes se consiguen con el sacrificio de todos y, también, con la capacidad de negociación de los dirigentes. Fui testigo de cómo uno de los hermanos awajun comprometió a unos conocidos suyos a prestar un camión para trasladar a los nativos hacia Bagua en los próximos días. También he visto cómo un municipio provincial y un gobierno regional amigos han prestado apoyo muy puntual para trasladar víveres que, como les cuento, son aportados principalmente por las familias que se han quedado en las comunidades.

Cuando uno ingresa a la selva es natural pensar "el paraíso existe". Estoy en donde se cruzan los ríos Nieva y Marañón: cerca de aquí, en el Cenepa, la empresa minera Dorato/Afrodita y la petrolera HOCOL tienen denuncios y lotes en etapa de exploración. Muchas empresas mineras están buscando oro y uranio, y algunas empiezan a operar. Así que la lucha de los hermanos awajun no es solo ni principalmente legal: si los "decretos del hortelano" siguen vigentes, será mucho más fácil imponer estas actividades extractivas sin el consentimiento de las comunidades. Ellos conocen la experiencia de sus hermanos Achuar en el río Corrientes, cuyos niños tienen cadmio en la sangre, y no van a permitir que ocurra lo mismo en esta cuenca.

En realidad, su lucha nos interesa a todos. Esta semana va a ser particularmente importante, pues se realizarán movilizaciones, paralizaciones y jornadas de lucha en todo el país en solidaridad con los nativos: ¡es muy importante participar de estas jornadas y demostrar que los hermanos ndígenas no están solos! Además, el miércoles el Congreso debería votar acerca de la derogatoria de uno de los DL cuestionados, el 1090. Pero la pregunta que todos se hacen acá es: ¿qué ocurrirá si después de todo no se logra derogar el paquete completo?

Más adelante completaré la información. ¡Saludos desde el paraíso en huelga!

Ciegos, sordos, mudos

“Se ha dicho hasta la saciedad que los decretos se pueden corregir, en lo que les pueda afectar a ellos. Les hemos pedido que nos digan qué los afecta para poder corregirlo”. Palabra de Yehude, la tarde del viernes. Francamente, es muy poco serio que la segunda autoridad del país nos diga que aún no conoce las causas de un conflicto que lleva más de nueve meses en curso. El señor Simon Munaro no puede decir que no sabe cuáles son los temas que preocupan a los nativos levantados. Porque si dice eso, entonces debemos pedirle que renuncie, ya que significa que está haciendo muy mal su trabajo.

¿Cómo hemos llegado la gravísima situación actual, en la que los nativos han declarado la desobediencia exponiéndose a una respuesta aún más violenta por parte del Estado? Quizás es necesario ir un poquito atrás en el tiempo y poner el conflicto en perspectiva, para entender el significado de la lucha que está teniendo lugar frente a nuestras narices sin que la mayoría nos lleguemos a dar cuenta.

Octubre de 2007: Alan García inicia la publicación de una serie de tres artículos titulados “el síndrome del perro del hortelano” en los que plantea básicamente que el gran capital transnacional debe invertir en nuestros bosques, ríos, agricultura, petróleo, minas, mar y otros recursos más, pero que para eso necesita la seguridad que solo dan los derechos de propiedad; quienes se oponen a esa propuesta son calificados de “perros del hortelano” pues no comen ni dejan comer. 2007 – 2008: el Ejecutivo presenta una serie de proyectos de Ley en la lógica de los artículos del presidente, pero los mismos no son aprobados porque no obtuvieron el consenso necesario en el Congreso. Junio 2008: el Ejecutivo termina de emitir un paquete de 102 decretos amparándose en las facultades que le delegó el Congreso para “adaptar” nuestra legislación al TLC con EEUU. Muchos de estos son aquellos proyectos que no habían logrado ser aprobados por la vía regular. Lección número uno: el Gobierno está decidido a aplicar la doctrina del “perro del hortelano” por las buenas o por las malas, y es verdaderamente ingenuo interpretar la aplicación de los decretos en cuestión sin tomar en cuenta los artículos presidenciales.

Agosto 2008: la primera gran huelga indígena explota en la cara del Gobierno. Tras semanas de levantamiento, es el Congreso el que desactiva el conflicto derogando dos decretos que promovía una venta más rápida de las tierras comunales. El segundo acuerdo importante fue la instalación de una Mesa Multipartidaria para estudiar el resto de los decretos. Agosto – diciembre 2008: la Mesa trabaja con lentitud y los indígenas amenazan una y otra vez con retomar la lucha si no obtienen respuestas. Diciembre 2009: la Comisión presenta un informe contundente en el que dice a la letra: “Todos los involucrados han coincidido en que los siguientes decretos legislativos vulneran los derechos de los pueblos indígenas: 994, 1020,1064, 1081 y 1098, 1083 y 1089”. Pasa su informe a la Comisión de Constitución recomendando derogar las normas. Abril 2009: la Comisión de Constitución aún no discutía el tema. Lección número dos: la vía legal funciona sólo gracias a las huelgas.

9 de Abril: inicia la segunda huelga amazónica. 20 de abril: después de 11 días y infructuosas tentativas de negociación, Yehude Simon, Antonio Brack y los representantes de AIDESEP firman un acta en la que la PCM se compromete a instalar mediante Decreto Supremo una mesa de diálogo. 14 de mayo: el Decreto aún no había sido emitido. En la noche, el Ejecutivo propone un borrador muy distinto del que habían consensuado aquel lejano 20 de diciembre. Lección número tres: las actas firmadas con Yehude Simon no sirven para nada.

Si en mayo del 2009, después de toda esta historia, Simon dice que no sabe cuáles son los reclamos indígenas, me van a perdonar bastante pero yo comprendo por qué los hermanos amazónicos prefieren no reconocer la autoridad del Gobierno. No hay forma más eficaz para perder toda autoridad ante un interlocutor que mentirle y mecerlo durante meses.

El paquete legislativo en cuestión es gravísimo, aunque la tele no lo diga, los ministros no lo comprendan y los congresistas se hagan de la vista gorda. Algunas perlas. El DL 994 declara que todas las tierras eriazas con aptitud agrícola que no tengan título de propiedad, será de propiedad del Estado, que podrá subastarlas con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. Como las tierras indígenas no han sido adecuadamente tituladas en décadas, el peligro de que el Estado empiece a subastarlas al mejor postor es evidente. El DL 1064 elimina el requisito de negociación previa para que se otorgue a un particular derechos de servidumbre sobre un terreno. El resultado práctico: bastará con autorización del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, para que una empresa use territorio de una comunidad para actividades petroleras o mineras. Además, establece que ante cualquier conflicto con colonos que tengan más de cuatro años de ocupación, primará el derecho de estos últimos sobre el de la comunidad. El DL 1089 trata sobre COFOPRI, un organismo cuya función era urbana y cuyo fin era promover la propiedad formal para ampliar el mercado de tierras. Con esta norma, COFOPRI también titula tierras en zonas rurales, pero con la misma lógica. Lo que está haciendo esta oficina desde hace meses -ya en la práctica, no en el papel- es propiciar la titulación individual y romper la propiedad colectiva, con lo que lejos de buscar la seguridad jurídica para las comunidades se logrará que las tierras de la selva se incorporen al mercado de tierras.

Los decretos deben verse en conjunto, porque en conjunto han sido emitidos y pensados. Por eso sería triplemente ingenuo decir “que se modifique lo que es negativo”: lo que es negativo es el paquete y la manera como cada uno ataca de una manera distinta los derechos de propiedad comunal.

La lucha que están desarrollando los nativos es muy de fondo, y quizás no haya una lucha tan importante en curso. Se trata de definir si todo es mercancía o si, por el contrario hay cosas en este mundo que no pueden ser consideradas como mercancías sino como bienes colectivos o comunes. Parece ser que al capital le resulta realmente incómodo que haya bienes a su alrededor a los que no puede convertir en mercancía que se compra y se vende para reproducirse. Quizás esto es tan incómodo para el capital como lo es para el Estado el hecho de que haya “zonas liberadas” donde la ley es la ley comunal y no la letrada. Y aquí es donde la autosuficiencia de Alan García y la incapacidad de comprender de Yehude Simon se emparentan con el racismo abierto de Aldo Mariátegui. Este último no tolera la sola idea de que personas que tienen otro idioma u otra forma de vestir tengan los mismos derechos que él. En tanto, los fanáticos promotores de la política del hortelano parecen no tolerar que haya formas de gestionar los recursos naturales y de organizar la convivencia con el entorno que no respondan al criterio de maximización de la ganancia monetaria y que puedan tener la misma legitimidad histórica. Por eso, la lucha indígena tiene dimensiones civilizatorias claves en un momento de crisis.

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Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

Obama, las amnistías ya fueron

El Presidente del Cambio, Barack Obama, acaba de hacer dos cosas. Primero, ha hecho públicos los documentos secretos de la época de Bush que permitieron que los militares norteamericanos torturaran a sus prisioneros. Y, segundo, ha dispuesto que los soldados que hicieron uso de esos métodos no sean “perseguidos por la justicia”.

Qué genial capacidad para embarrar con la mano derecha lo que acaba de limpiar con la izquierda. Con la primera decisión, Obama dio un paso muy importante para impulsar un proceso de verdad y justicia que, entre otras cosas, es requisito para que EEUU tenga algún tipo de autoridad para hablar sobre los derechos humanos. Y con la segunda nos ha devuelto a la época de las leyes de amnistía que garantizaron que los asesinos y torturadores no fueran juzgados. Como esto ha ocurrido cuando va a empezar la cumbre de presidentes de toda América excepto Cuba, el caso se presta para mostrar las contradicciones del tío Sam en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). Cuba no forma parte de ese sistema porque no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA); EEUU tampoco, a pesar de que sí está en la OEA.

Eso de dejar en la impunidad a los torturadores indigna, por supuesto que sí. Pero además de indignar, llama la atención la “metodología” adoptada para ello. ¿Cómo es posible que en EEUU el Presidente decida qué ciudadano es pasible de una investigación judicial? ¿Y la separación de poderes? ¿Funcionan así las cosas normalmente, o es que Obama está violando su propio sistema legal? En el primer caso, cabe sugerir que EEUU sea expulsado de la OEA, como lo fue Cuba, puesto que su sistema democrático no se ajusta a los estándares establecidos en la Convención Interamericana. En el segundo caso, sería necesario activar la Carta Democrática que sirve para prevenir rupturas en el orden constitucional de los países miembros de la OEA.

En América Latina, los que quisieron garantizar la impunidad al menos tuvieron que pasar el roche de dictar leyes de amnistía, punto final, obediencia debida, etc. De esa manera, con una decisión mucho más “institucional”, “sistémica”, al menos hubo oportunidades para amplios debates y críticas y para la presentación de recursos legales al respecto. Pero ¿de qué naturaleza es esta decisión de Obama? ¿Administrativa? ¿Así se toman este tipo de medidas, en un despacho del Departamento de Justicia, sin rendirle cuentas a nadie?

Pero para efectos legales, lo relevante es que el SIDH ya ha establecido con mucha contundencia que los responsables este tipo de delitos no pueden ser beneficiados con ningún tipo de indulto o perdón, ni a través de leyes ni a través de perdones presidenciales. América (o “las Américas”, como gustan llamarla los gringos) ya ha pasado por esa etapa denigrante, ya la ha superado y ahora nuestros Fujimoris y Videlas ya han sido condenados, así como los militares que efectivamente llevaron a cabo torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la razón para ello? Cito a Ronald Gamarra en un artículo de hoy, pues me parece una buena y concisa explicación: se trata de “actos que la humanidad ha sancionado como atroces”. ¿Obama pretende pasar por encima del consenso moral de la humanidad y mantener a su país en la época de Bush y Abu Grhaib?

Lamentablemente, para efectos legales lo relevante también es que EEUU NO HA FIRMADO ninguno de los convenios del SIDH que establecen posibilidades de recurrir a organismos interamericanos. Si la masacre de La Cantuta hubiera ocurrido en EEUU, Fujimori y Martin Rivas estarían caminando por la calle y las Leyes de Amnistía estarían vigentes. Un ciudadano norteamericano que se sienta vulnerado por la decisión pro-impunidad de Obama no la puede denunciar ante la Corte de San José.

Mi pregunta ingenua es: ¿así Obama le pone condiciones a Cuba para “aceptarla” en el seno de nuestro sistema interamericano? Ojo, aquí quiero aprovechar para señalar que Hugo Chávez y todos los que plantean que la OEA debe morir cometen un grave (¿e interesado?) error, puesto que la expansión de los derechos humanos reconocidos por nuestros Estados se ha dado en el marco del desarrollo del sistema interamericano cuya organización madre es la OEA. El punto no es que la Convención Americana, la Corte y la Comisión Interamericana estén mal, sino que no se están aplicando a todos los miembros de la OEA. Por supuesto que Cuba no encaja dentro del SIDH y por supuesto que sí sería excelente que los ciudadanos de la Cuba socialista puedan recurrir a San José cuando sientan que su Estado está violando sus derechos. Para eso, Cuba no tiene por qué dejar de ser socialista.

Pero eso va de la mano con que si EEUU quiere mantenerse dentro de la OEA, debe someterse a las mismas condiciones y esta situación de dos varas para medir el respeto a los derechos humanos debe terminar.

Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

Tres tristes tragedias

La muerte se pasea libremente. (Foto: Tania Herrera)

Ocho niños y dos profesores muertos al caer un viejo puente en Cora Cora, Ayacucho. 14 soldados muertos en Sanabamba, también en Ayacucho, a manos de un grupo armado derivado del antiguo PCP-SL. 20 pasajeros muertos calcinados en la Panamericana Sur al chocar el bus en el que viajaban con una cisterna que transportaba gas.

Una tras otra estas tragedias han sido como cachetadas en un país en el que la muerte no deja nunca de ser la protagonista. No es que sean novedades, para nada. Nuestro ritmo de fallecidos en accidentes de tránsito es tan grande que casi equivale al holocausto que padecimos durante la guerra interna: 15 mil muertos en los últimos cinco años se proyectan a 60 mil en dos décadas. Claro que si miramos América Latina no estamos tan pésimo como otros países hermanos: estamos entre los países de “medio riesgo”. Pero frías estadísticas a parte, estamos ante una matanza sistemática. Matanza que para colmo afecta casi exclusivamente a los sectores más populares, que son los que más viajan en los peores servicios de transporte público. Cosa que explica suficientemente por qué a ninguna figura política le interesa demasiado el tema: enfrentar un coctail de corrupción, mala regulación, mala infraestructura, informalidad y empresas que abusan de sus trabajadores y de sus pasajeros es demasiado complicado para “sólo” salvar las vidas de tanto perro del hortelano.

Los enfrentamientos en los dos valles donde aún se mueven organizaciones armadas tampoco son una sorpresa, aunque lo cierto es que sí se han incrementado. El 2008 murieron unas 40 personas sumando todos los militares, senderistas y civiles caídos en el Huallaga y en la zona de los ríos Apurímac y Ene (que ahora llaman “VRAE”). Las dos emboscadas del fin de semana son los golpes más duros que han recibido las Fuerzas del (des)Orden desde hace mucho tiempo. Pero, junto con las muertes, lo que es más lamentable es el discurso desarrollado por ambos bandos. Las fuerzas del Estado y sus voceros oficiosos se dedican a desprestigiar a los organismos de derechos humanos y a predicar la aplicación de leyes militares para los pobladores, que solo son “soplones y burriers”. Y por la voz de Víctor Quispe alias “José”, quien por fin ha salido a dar noticias políticas de su organización, sabemos que los insurgidos se felicitan por responder de esta manera contra los aliados del imperialismo. Diálogo de sordos, negociación imposible, fin de la guerra impensable: cada uno de los adversarios es el demonio y debe morir. Es el resultado esperable tras no haber sido capaces de impulsar un proceso mayoritario de memoria, verdad y justicia.

En realidad, aquí también cabría hablar de otros peruanos muertos por motivos políticos pero que para la prensa no es políticamente conveniente recordar. Godofredo García, Eddy Quilca, Edmundo Becerra, Julio Rojas, Rubén Pariona, Emiliano García, Marvin Gonzalez son solo algunos de los nombres de compatriotas que murieron por motivos políticos sin haberse alzado en armas. Sicarios, agentes de seguridad privada, militares y policías los mataron en diversas circunstancias por pensar distinto y pese a estar realizando acciones francamente inofensivas para efectos de “seguridad pública”. Son casi 30 casos en los últimos dos gobiernos, y hasta donde sé solo en el “caso Suso” hay avances que permiten tener alguna esperanza de justicia, mientras que en los demás reina la impunidad.

El “Plan anticrisis” del Gobierno contempla inyectar este año 773 millones de soles para la construcción de tres tramos del IIRSA Sur, este proyecto de infraestructura vial que servirá para conectar a Brasil con el Pacífico a través de diversas rutas, facilitando el comercio de Sudamérica con China y Asia. Ojalá que el plan ayude a generar trabajo, desarrollo, etc, etc, etc, bla, bla, bla... Pero sobretodo ojalá que hubiera un plan mucho más ambicioso para que los miles de pueblos dejados a su suerte en cuestiones de infraestructura puedan renovar sus puentes y caminos y nunca más ocurra una tragedia como la de Cora Cora. ¿Qué es más importante para nuestros gobernantes: facilitar la agroexportación y hacer que Lima se vea bonita o interconectar de manera segura el interior del país? La respuesta cae por su propio peso si uno compara los gastos superfluos sumados a los gastos en megaproyectos proempresariales con los gastos viales en pequeñas localidades.

Lo más indignante de la caída del puente en Ayacucho es aquello que en la tele ha aparecido como lo más natural del mundo: que los heridos hayan sido trasladados a Lima. ¿¿Es que acaso no hay hospitales en Huamanga o en la provincia con los equipos y recursos suficientes para tratarlos?? Yo sé que la respuesta a esta pregunta retórica es: ”no”. Así como no se gasta en un pequeño puente, tampoco se gasta en hospitales, medicinas, colegios, universidades ni en nada de lo que constituyen derechos básicos de las personas.

Mientras la vida de los demás no valga nada porque son pobres, provincianos o porque piensan distinto, la muerte seguirá haciendo su agosto por estos lares. Ojalá que el hecho de que estas tres tragedias hayan tenido lugar de manera consecutiva nos ayude a darnos cuenta que no se trata de fatales hechos aislados, sino de la consecuencia natural de nuestra lógica de convivencia colectiva.

Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

A la reja...

¿Quién hubiera creído posible en 1992, cuando Fujimori inauguraba su régimen dictatorial, que algún día un tribunal lo condenaría a terminar sus días tras las rejas? Lo que -como país- hemos hecho posible el martes 7 de abril es sin duda histórico en muchos sentidos.

Es poco lo que puedo agregar al respecto: solo me sumo a quienes ya han expresado que el fallo de la Sala Penal Especial nos dignifica, hace realidad aquello de que todos somos iguales ante la Ley, reivindica al Poder Judicial, es una clarísima advertencia contra tentaciones autoritarias y, por si fuera poco, es un precedente clave a nivel internacional. Nada de esto se hubiera hecho realidad sin la terca esperanza de las y los familiares de las personas asesinadas por el grupo Colina. A ellas y a ellos les debemos nuestro más grande reconocimiento, no solo por lo que significa este caso concreto, sino porque nos demuestran que luchando, lo imposible se hace posible.

Si es poco lo que puedo agregar sobre el significado y la consistencia de esta condena, quiero aprovechar que ya ha pasado el momento de la satisfacción inicial para ventilar algunas ingenuas reflexiones que me genera esta situación.

En primer lugar, la verdad más honesta es que no cabe la alegría. Porque lo que ha hecho el Poder Judicial, en cierto sentido, es dictar una sentencia condenatoria para el país. No es posible olvidar que cuatro años después de que el destacamento Colina iniciara sus acciones, una notable mayoría del electorado peruano votó por Fujimori, dándole una palmadita en la espalda cuando ya había suficientes elementos para concluir que para él los derechos humanos eran una cojudez.

Esto no es un atenuante: una persona no es más o menos culpable según cuántos votos tiene. Fujimori creó, apoyó y encubrió a un grupo de sicarios: eso está penado por la Ley y por ello se le ha sancionado. Pero el fallo es también una cachetada para los peruanos como colectividad política. Es un: “oigan, esta persona por la que votamos y volvimos a votar... ¡es un asesino! Lo sabíamos y no nos importó... ¿Qué nos pasó en ese momento?”.

En segundo lugar, debemos decir que esta sentencia no es un acto de “justicia”. Es un caso de aplicación estricta de la Ley, lo que es parecido pero no idéntico. “Justicia” tiene que ver con darle a cada uno lo que le corresponde, es decir, no se la puede medir por actos aislados sino por proporcionalidades. “Justicia” implicaría sancionar con un peso similar a los responsables de las masacres ocurridas durante los gobiernos de Alan García y Fernando Belaúnde. Y, leguleyadas a parte, yo entiendo que la responsabilidad de esos mandatarios es al menos muy similar a la de Fujimori. Nadie me va a decir que cuando Belaúnde entregó a las juntas político-militares el control del terrorismo no les dio también licencia para hacer su trabajo como ellos mejor supieran. Nadie me va a convencer de que él no tenía el dominio de la organización de la cual era Jefe Supremo mientras ésta desaparecía gente en Los Cabitos. Y exactamente el mismo razonamiento funciona para García, con el agravante de que él, también, ha sido reelegido luego de ocurridos los hechos.

La sentencia es jurídica. Sin embargo, la posibilidad de que Fujimori haya sido juzgado no es un hecho jurídico, sino político. Una afortunada correlación política de fuerzas ha permitido que esta vez, en este caso concreto, se aplique la Ley a un ex presidente. Pero correlaciones distintas han llevado, por ejemplo, a que un ministro de Defensa pueda encubrir descaradamente a los autores materiales e intelectuales de la matanza de Putis. Hoy, que nos enorgullecemos de la valentía de César San Martín y de los otros dos vocales, es importante recordar que un fallo no hace un verano. ¿En algún momento lograremos que la aplicación de la Ley no dependa del escenario político?

Por último, quiero hacer una reflexión menos políticamente correcta.

Por supuesto, reconozco que la sentencia me alegró... ¡Cómo no me va a alegrar, si estamos hablando del criminal al cual echamos del poder desde las calles! Sin embargo, si le doy una vuelta más debo reconocer que encuentro una contradicción conmigo mismo. Creo, como muchos, que en general la cárcel no es una solución ni útil ni aceptable. Según nuestras leyes, el objetivo del sistema penitenciario es la “rehabilitación” del reo. Sabemos que esto no se cumple casi nunca, especialmente porque las condiciones carcelarias son pésimas. Las condiciones carcelarias de Fujimori son un lujo, pero ¿eso cambia las cosas?

Es evidente que esta pena no busca la “rehabilitación” del dictador, sino castigarlo de una manera ejemplar con las herramientas que les hemos entregado a los jueces. Si la Ley dice que el asesinato está prohibido, eso debe cumplirse independientemente de que el infractor tenga poder o no lo tenga. La crítica a la carcelería tiene un parentesco con la crítica a la criminalización de la pobreza y con el hecho de que el encierro resta aún más oportunidades a los excluidos de siempre. Por eso, satisface que esta vez la Ley se aplique con todo rigor inclusive a una persona que tiene poder político y (nuestro) dinero. Por eso decimos que se ha fortalecido el principio de igualdad...

Sin embargo, no deja de quedarme un sabor amargo al sentir que también se ha fortalecido la legitimidad social del Estado como aparato represor y la cárcel como sanción socialmente aceptada. No está de más masticar esta contradicción que, estoy seguro, muchos tenemos, y pensar en cómo nos construimos como una sociedad de seres humanos libres que no requieren recurrir a la guerra para imponer sus puntos de vista ni a la cárcel para regular el comportamiento colectivo.

Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

¿La última vigilia?

Este será tal vez el último plantón...

Hasta hace unos minutos estuve en la última vigilia previa a la sentencia contra Alberto Fujimori por los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

¿Cómo no sentirme profundamente emocionado? ¿Cómo no sentir mi mayor respeto y mi mayor admiración por Gisela Ortiz, Raida Cóndor y todos los familiares, públicos y anónimos, de las víctimas del destacamento Colina? Ellas y ellos levantaron la voz cuando una parte del país tenía miedo y la otra se refugiaba en la comodidad del “costo social” de la guerra. Ellas y ellos mantuvieron vivos los nombres de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres, y al hacerlo mantuvieron vivas las llamas de la dignidad, la resistencia y la esperanza de nuestro país.

¿Cómo no espantarme con las decenas de fotos de víctimas homenajeadas en esta vigilia y en las miles de vigilias similares que han tenido lugar durante años? Todas ellas y todos ellos, hermanos míos, hermanos nuestros, esperan obtener justicia esta mañana aunque sea de manera simbólica. Las 25 personas asesinadas en La Cantuta y Barrios Altos representan a los cientos de víctimas de los agentes paramilitares de la época de Fujimori, y más aún, a las miles de personas ejecutadas extrajudicialmente durante la guerra. Como comentaba con una compañera, profesora de La Cantuta: ojalá que no haya nunca más que llorar la muerte arbitraria de quienes piensan distinto. Ojalá que nunca más el Perú derrame sangre de personas por motivos políticos, y que nunca más la guerra sea considerada como una herramienta de lucha política.

¿Cómo no darse cuenta de todo lo que queda por hacer? Los Fujimoris, Montesinos, Colinas y Abimaeles que son símbolos de la violación de los derechos humanos más elementales durante las dos décadas de la violencia pueden estar detenidos, es verdad... Pero quedan libres los Mantillas, los responsables de las torturas en los Cabitos y tantos más. Y lo peor: siguen muriendo hermanos y hermanas nuestras. Allí están Godofredo García, Edy Quilca y Edmundo Camana, muertos en circunstancias muy distintas, en las manos de sicarios, de militares y de un irresponsable congresista, pero todos con algo en común: muertos como parte del juego político, como si sus vidas fueran prescindibles.

Pero al mismo tiempo, ¿cómo no esperanzarse? Si Fujimori, quien en un momento creyó tener y tuvo todo el poder en sus manos, está siendo juzgado... ¿Por qué creer que la impunidad será duradera para Alan García? ¿Por qué creer que no seremos capaces, también, de llevar a todos los Giampietris que quedan libres a responder ante los tribunales? La sentencia a Fujimori significa que por fin en nuestro país empieza a ser verdad eso de la igualdad ante la Ley y que por fin la vida de un heladero de Barrios Altos vale tanto como la de cualquier otro peruano, y vale tanto como para que, si el propio Presidente autoriza su muerte, tarde o temprano tenga que responder por ello.

Termino coreando el estribillo de los sikuris que acompañaron el acto: “las injusticias de este mundo, acabémoslas para siempre!!!”.

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En las puertas de la justicia...

La edad de la vileza

La Palabra Ingenua 30/03/2009

Por runa, comunidad del río hablador

La edad de la vileza

Keiko Fujimori con 19% de intención de voto urbano es quizás la peor noticia política de los últimos años. Resulta paradójico que su padre esté apunto de recibir sentencia, pues esa sería una de las mejores noticias en lo que se refiere a jurisprudencia en derechos humanos.

Pero la aparente fuerza electoral del círculo de mentirosos profesionales que protagonizó el faenón más grande y prolongado de nuestra historia no viene sola. La vileza, la hipocresía descarada y la manipulación grosera de la “opinión pública” parecen haberse reinstalado en las primeras planas después de haber “pasado piola” durante algunos años. La pedantería de Alan al ofrecer un veto contra los candidatos “primitivos” es la muestra de más alto nivel de esta tendencia. El despropósito de premiar a Magaly Medina por el Día de la Mujer es su lado farandulero. La muerte de Edmundo Camana cuando estaba bajo el cuidado del mitómano congresista Edgardo Núñez, es su ejemplo más macabro.

¿Cómo llega a ser congresista un sujeto como Núñez, que construye una mentira tras otra para “defender” a los militares acusados de crímenes? Aquí ya no está en cuestión su postura política: él puede pensar que la Comisión de la Verdad fue prosenderista o la tontería que le dé la gana. El problema es que con su forma cotidiana de acción está (re)legitimando socialmente el famoso “miente miente que algo queda”. Lo importante para este señor no es si puede demostrar o no alguna de las mil acusaciones por minuto que salen de su creativa cabeza, sino dejar la sensación de que los “caviares” persiguen injustamente a valientes efectivos que defendieron la patria. Se le ha desmentido una y otra vez: está claro que hacer roche es algo que le tiene sin cuidado, siempre y cuando sea útil para los intereses que defiende. Cuando la verdad se convierte de una manera tan descarada en lo menos importante, el nivel del debate deja de ser simplemente pobre, que es lo que suele ocurrir, y se convierte en vil. Pero ahora estamos hablando de la muerte de una persona en una situación extrañísima, y la vileza de Núñez ya dejó de ser simplemente exasperante para raspar con la delincuencia.

Por supuesto, el experto en sacrificar una mínima sinceridad o coherencia política en el altar del poder es Alan García. Pero con Alan no solo preocupan sus mentiras ni el descaro con el que ha prometido que el 2011 le meterá cabe a cualquier candidatura crítica al modelo, sino la convicción combatiente con la que defiende el modelo. Alguien me comentaba hace un rato que si uno compara los discursos de García versión1.0 en la época de la nacionalización de la banca con los discursos del García versión 2.0 reunido con banqueros, parece que estuviéramos analizando al Dr. Jekyll y a Mister Hide. ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? ¿La nueva realidad del mundo globalizado? No parece tratarse de eso: Alan está muy lejos del fructífero debate ideológico que también al interior de las derechas está teniendo lugar a raíz de esta crisis financiera global. En este caso, una convicción tan cerrada y violenta no tiene que ver (solo) con el fanatismo del converso, sino con la defensa concreta de ganancias concretas de empresarios concretos. Alan ya no da discursos de corte pedagógico para explicar “al pueblo” la lógica de sus medidas, como hacía en los 80: ahora charla con magnates de todo el mundo para prometerles que nada va a cambiar. La corrupción es usar de manera oculta un cargo de poder para beneficio particular; pero usarlo abiertamente para patrocinar y defender el lucro de los grandes grupos privados es también envilecer la política.

A Magaly no le voy a dedicar mi tiempo, porque supongo que no es necesario argumentar que su negocio es distraernos con asuntos que no son importantes. En todo caso, ella está emparentada con Alan por el lado hipócrita: aquel famoso Fuego Cruzado en el que exigió a Ferrando una televisión educativa y cultural y que no utilice a la personas es un documento indispensable para tener en cuenta que la mayor vívora de la tele era antes una moralista. Lo que sí resulta absolutamente indignante es que ella sea considerada para un premio que deberían recibir miles de mujeres ejemplares de nuestro país. Usar el Congreso para premiar el chisme, el raje, la difamación y las cortinas de humo es envilecerlo aún más.

Así pues, que haya muchos peruanos y peruanas que piensen en votar el 2011 por una señora que nunca ha opinado nada sobre otra cosa que no sea su papi, es solo otro dato aterrador en un proceso de envilecimiento del debate político. Un dato que nos habla de cómo estamos fallando todxs lxs que decimos estar preocupados por complejizar el nivel de conciencia de la sociedad civil. Existen posibilidades reales de volver a los tiempos del robo conchudo y de las tesis del autosecuestro y la autotortura, épocas en que no importaba un comino no digamos la legalidad, la democracia y la Constitución, sino ni siquiera demostrar una mínima consistencia política, una mínima convicción acerca de cualquier cosa o una mínima capacidad de argumentar acerca de algún tema. ¿Estamos en las puertas de otra década del show, los sicosociales, las campañas de demolición, las amenazas de muerte, las muertes? ¿O es que acaso ya entramos en ella?

Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!