Alegría y revolución (o El Carnaval y la repre)

La Palabra Ingenua 28/02/2010
Por runa, comunidad del río hablador

Alegría y revolución

La estúpida (perdón, pero no hay otra palabra) intervención de la Policía en el carnaval de Barranco la noche de ayer parece haberme regresado la capacidad de escribir que la propia Policía me había quitado el año pasado con su triste, trágica, confusa y también estúpida intervención en Bagua.

Brevemente, los hechos. Barranco, Lima, aproximadamente 10 de la noche del último sábado de febrero. Como ocurre desde hace cinco años, un grupo de vecinos festejaba el carnaval en la vía pública. La Municipalidad no había autorizado la fiesta, y no tuvo mejor idea que mandar a la Policía para desalojarlos. En cinco minutos, los gases lacrimógenos y las cachiporras hicieron lo suyo. Niños llorando por la asfixia, amigos golpeados y algunos detenidos. Fin de fiesta en frente de la Comisaría, a pocas cuadras: decenas reclamábamos a ritmo de tambores la libertad de los “compañeros”, que finalmente salieron cerca de la medianoche. Videos y mejores narraciones de lo que pasó se pueden encontrar aquí, aquí, aquí y aquí.

¡Hasta dónde ha llegado la conciencia represiva en Lima! El alcalde de Barranco no quiere que sus vecinos bailen en la calle (¿será suya, la calle?). El alcalde de Miraflores no quiere que la plaza principal de su distrito sea usada por las familias para recibir el año nuevo, no quiere que los vecinos toquen tambores y bailen en un parque público, no quiere que los muchachos practiquen deporte en otro parque público, no quiere que la gente se quede parada inmóvil en la calle (haciendo de estatuas humanas)... Vamos, en resumen ¡no quiere nada! Y claro, el alcalde de Lima hace obras sin preguntarle a nadie, tala árboles plantados por los vecinos de Chorrillos, no le importa ni un comino la opinión de los barranquinos, quiere desalojar a los vecinos de la margen izquierda para hacer otra pista más, rebana San Marcos sin presentar el proyecto previamente a los estudiantes y profesores sanmarquinos...

¿Sorprendido? No, no me puedo mostrar sorprendido. Hace ya casi diez años que el principal espacio público de Lima Metropolitana, la Plaza Mayor, está secuestrada. Nadie, sólo Castañeda, Alan García, Alejandro Toledo (en su época) o los amigos de estos, pueden usarla. Los ciudadanos de Lima no pueden hacer marchas, caminatas, plantones, vigilias, nada de nada. Sólo se puede hacer marchas a favor de Bush y a favor de la pena de muerte, o fiestas organizadas por la Municipalidad. Es decir, no es un espacio público: se ha convertido en un espacio privado propiedad de los dueños del poder. Pero lo que me preocupa no es que el poder quiera privatizar los espacios que son de todos, sino que los limeños ¡no reaccionamos! Recuperar la Plaza Mayor, por ejemplo, debería ser tarea prioritaria del movimiento social de Lima, si tal cosa existiera. Si nos quitaron la principal plaza de la capital tan fácilmente, ¿cómo sorprendernos de que nos quieran quitar hasta el último parque del barrio?

Ayer, mientras unas 50 personas hacíamos barullo en la escalera de la Comisaría, traté de conversar con algunos Policías para saber su opinión respecto a su intervención. La pregunta que les hacía les generaba a algunos risas y a otros molestias: ¿se imagina usted desalojando el carnaval de Cajamarca, de Apurímac, de Ayacucho? ¿El carnaval de Río, tal vez? Es, evidentemente, algo ridículo. Pero en Lima parece ser no tan ridículo: en Lima ocurre. Es imposible no relacionar la falta de audacia que tenemos los limeños para usar y defender nuestras fiestas callejeras con la falta de audacia que tenemos para defender nuestros derechos y nuestra dignidad más básicas. O al revés: la naturalidad con la que los cajamarquinos, los apurimeños o los ayacuchanos celebran sabiendo que la calle es suya tiene que ver con el hecho de que sepan levantarse cuando es necesario. Mientras los limeños no recuperemos nuestro derecho a usar alegremente nuestras propias calles y plazas, seguiremos siendo la ciudad más conservadora y conformista del país, y seguiremos desenganchados del agitado proceso social de las regiones.

Lo mismo pasa cuando comparamos Lima con otras ciudades de Latinoamérica. En Sao Paulo, he visto a decenas de chicos practicar skate en uno de los parques principales, justo al ladito del Museo de Arte Moderno. En Santiago, me han contado que los niños pueden bañarse en las piletas públicas. En Cochabamba, la plaza central está permanentemente ocupada por grupos que exponen sus ideas y las debaten con los transeúntes. ¡Con razón que Latinoamérica se ha levantado y, mal que bien, está empezando a caminar por otros rumbos!

Es evidente que en este caso específico -Barranco- hay una pésima gestión del señor Toño Mezarina, alcalde que se quiere hacer el “defensor” de los vecinos. ¿El carnaval molestaba a algunos vecinos de la calle? Perfecto, se negocia con los organizadores y se llega a un acuerdo para realizar la fiesta en otro lado, por ejemplo en la misma Plaza de Armas. ¿Le preocupa el escándalo, el trago, o tal vez la droga? Perfecto también: al llegar a un acuerdo con los organizadores, se puede establecer algunas reglas de juego al respecto, y los que deseen tener su “zona liberada” pueden hacerlo más discretamente en cualquier calle, como sucede todos los fines de semana. Aquí hay un alcalde que no ha comprendido que la iniciativa de algunos vecinos de institucionalizar una fiesta de carnaval como la que existe en casi todas las ciudades del Perú era una oportunidad para el distrito, no un problema.

Pero más allá de la falta de criterio del señor Mezarina, hay un problema de fondo más grave: los alcaldes, la Policía y el sentido común asentado en Lima consideran que el espacio público no está allí para ser usado libre y creativamente por los ciudadanos, sino sólo para ser usado como al poder le parece. La privatización de las empresas públicas fue un primer paso. La privatización de derechos como la salud y la educación, y de los recursos de todos como la selva o el agua, es un segundo paso más grave. Pero la privatización de nuestras mentes, de nuestras conciencias, es el último y definitivo paso. Ojalá que las revueltas aún pequeñas de estas semanas en Barranco, Miraflores y Cercado sean un germen de una revuelta mayor en Lima que reivindique el sentido de lo público, el sentido de comunidad que nos ha sido arrebatado por 20 años de (neo)liberalismo.

Nota: el documento original ha sido elaborado con el procesador de textos de OpenOffice usando Ubuntu como sistema operativo, y ha sido colgado usando Firefox como navegador. Todos son sistemas de software libre con código abierto y elaborados colectivamente por la comunidad de usuarios a nivel mundial. Otra economía, cooperativa, libre y solidaria, no solo es posible: ¡ya está siendo construida!

¡Los han matado!*

¡Los han matado!*

* Nota: Una primera versión de este texto fue publicada en http://lapalabraingenua.blogspot.com el sábado 6 de junio, al calor de las primeras noticias del enfrentamiento. Esta segunda versión se terminó de corregir el 20 de julio e incluye informaciones más precisas que el original.

¡Qué doloroso ver las imágenes de nuestros hermanos indígenas baleados y con quemaduras graves, tirados en la carretera! ¡Qué dolorosas las fotografías de los policías jóvenes muertos al día siguiente en un acto de guerra que ellos no esperaban ni provocaron! ¡Qué doloroso! Después de haber dormido en esa misma carretera tomada, después de haber compartido historias, un plato de sopa y mil esperanzas con mis hermanos awajun y wampis, después de haber visto a los efectivos policiales, también hermanos míos, jugando fulbito para aliviar la tensión, esas imágenes no son sólo información: son una herida que sangra. Y al dolor se suman la ira y la cólera en contra de los responsables, y la frustración frente a la arrogancia de un Gobierno que no considera a los pueblos indígenas dignos de ser escuchados.

Las informaciones acerca de lo que ocurrió en las dos Baguas y en las inmediaciones a inicios de junio no son claras aún, a pesar del tiempo transcurrido. Pero hay una cosa que está clarísima: el Gobierno miente. Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Alan García mienten. Dicen que “sólo son tres indígenas muertos” mientras que “las víctimas” son los Policías “atacados” con “armas” de grueso calibre… ¡Qué vergüenza sus mentiras y qué vergüenza que la televisión solo sepa repetir sus mentiras! Aquí todos, indígenas y policías, son víctimas de un mismo victimario: el Gobierno, que en su necedad ha decidido imponer sus decretos iniciando una matanza de peruanos contra peruanos.

Seamos claros. La carretera Fernando Belaúnde estaba tomada desde el martes 26 por más de 3600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. La DINOES tenía muy bien estudiada la situación, sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el Comité de Lucha. Cuando el Ministerio del Interior ha dado la orden de iniciar el desalojo, el general Uribe Altamirano tiene que haber explicado los detalles de la toma y el Ejecutivo tiene que haber autorizado el uso de este grado de violencia, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego y la autorización para disparar al cuerpo y a matar. La DINOES no hubiera procedido de la forma en que lo ha hecho sin estar segura de que contaría con respaldo político.

Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 21 personas durante el enfrentamiento en la carretera, nueve de ellos civiles. Esta es la cifra oficial, que nadie en Bagua cree. Hay testigos que aseguran que decenas de cuerpos fueron quemados, embolsados y tirados al río Marañón. Hay heridos graves y muy graves, casi todos con balas en el cuerpo, incluyendo niños. Hay cadáveres con muestras de quemaduras. Hay suficientes elementos para asegurar que la Policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza. Además, hay una evidente voluntad de ocultamiento de la verdad, habiendo transcurrido hasta cinco días antes de que alguna autoridad civil llegara al lugar de los enfrentamientos. Aún hay desaparecidos, entre ellos un oficial de la Policía y una cifra de nativos que algunas fuentes ubican alrededor de los 60. Además, hay decenas de detenidos cuya situación legal es por lo menos irregular, y que no contaron con traductores para dar sus manifestaciones y muestran signos de maltratos y torturas.

Hay 24 policías muertos. ¡Por supuesto que es terrible! Doce de ellos han muerto durante el desalojo. Según han contado testigos, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas doce muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el Gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Pero no es posible olvidar que son muertes en un enfrentamiento, y era muy poco probable que quienes estaban siendo agredidos se quedaran sentados mirando cómo les disparaban con armas de fuego.

Muy distinto es lo que ha ocurrido en Kusú Grande, donde se ubica la Estación 6 del Oleoducto Norperuano que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2 mil indígenas ubicados en la zona. El sábado 6, tras la masacre en Bagua, doce de los policías fueron víctimas de la ira de los manifestantes. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el Gobierno ha iniciado su barbarie SABIENDO que había 38 policías en minoría absoluta en la Estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos. Esto ha sido, por lo menos, una irresponsabilidad criminal. Pero también cabe sospechar que algún estratega poco escrupuloso haya evaluado que un eventual desborde llevaría a los medios y a la opinión pública limeña a rechazar la protesta indígena...

Hoy, el Gobierno sigue echando la culpa de la violencia a los dirigentes. No puedo dejar de decir que lo que yo he visto con mis propios ojos es lo contrario: son los dirigentes quienes han tenido la capacidad de conducir la protesta dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos. He sido testigo directo de cómo una ancha capa de dirigentes de mucha calidad humana, muchos de ellos profesionales, explicaban una y otra vez en cada asamblea y en cada reunión que la lucha debía respetar los derechos humanos, que sólo podrían triunfar si la protesta era pacífica y que si se volvía violenta sin duda serían derrotados. Así, han controlado durante 56 días posturas más radicales y han realizado acciones masivas y contundentes, como el cierre del flujo de petróleo y el corte de carreteras, pero siempre de manera pacífica. Ahora, el Gobierno ha forzado al caos, ha matado, herido, detenido y obligado a esconderse a muchos dirigentes y ha dejado un movimiento masivo y frustrado sin dirección política. Al mismo tiempo, ha empezado a mover sus fichas buscando dividir a la única organización indígena representativa a fin de colocar “dirigentes” afines y saboteando así cualquier posibilidad de diálogo fructífero. Obviamente, las consecuencias son impredecibles.

El Gobierno se ha manchado las manos de sangre de manera brutal. Solo encuentro una salida política y una demanda posible: destitución, juicio y sanción a los responsables. ¡Por dios! Acabamos de conseguir que Fujimori sea condenado a 25 años por matar personas para imponer la razón de Estado. ¿Nunca vamos a aprender? ¿Vamos a tolerar ser gobernados por un criminal?

No quiero dejar pasar el fondo del asunto. La “protesta irracional” de los indígenas está respaldada por tres informes de comisiones del Congreso, un informe de la Defensoría del Pueblo, un informe de una comisión de expertos de la OIT y numerosos informes privados. No hay aquí “terroristas”, “ignorantes”, “manipulados” ni “títeres”: hay un pueblo convencido de que el Estado quiere imponer mediante los decretos cuestionados la explotación irracional y agresiva de los recursos de sus territorios, y ese convencimiento está suficientemente sustentado legal y técnicamente. La ignorancia es la del Gobierno, que cree que puede imponer su punto de vista y mentir descaradamente y que los peruanos nos quedaremos tranquilos. Luego de la protesta solo dos de los decretos fueron derogados, en un acto de realismo y pragmatismo político, pero el grueso del marco regulatorio que busca imponer la gran inversión privada en tierras indígenas sigue intacto.

Nueve noches antes de la violencia, Roberto, un awajun de la cuenca del Santiago, me contaba las historias que a él le habían contado los viejos de la comunidad acerca de cómo diversos personajes de la naturaleza lucharon con ingenio para vencer a los hombres antiguos que se comían a otros hombres. “Así estamos nosotros ahora, luchando por defender la vida pero con inteligencia, no con la fuerza”. Eso es lo que nuestros hermanos han estado haciendo por nosotros: luchando por defender la vida, defender la selva amazónica de una agresiva transformación pro-empresarial. Ahora no sé si Roberto, Leonidas, el apu Oscar, Ricardo y otros hermanos con los que compartimos esa noche de lucha siguen vivos, están heridos o dónde se encuentran. Pero lo que sí sé es que ellos o sus hermanos seguirán luchando en contra de los “decretos del hortelano” y por construir un Perú en el que su visión acerca del “desarrollo” sea escuchada y valorada.