viernes, 17 de abril de 2009

Obama, las amnistías ya fueron










El Presidente del Cambio, Barack Obama, acaba de hacer dos cosas. Primero, ha hecho públicos los documentos secretos de la época de Bush que permitieron que los militares norteamericanos torturaran a sus prisioneros. Y, segundo, ha dispuesto que los soldados que hicieron uso de esos métodos no sean “perseguidos por la justicia”.

Qué genial capacidad para embarrar con la mano derecha lo que acaba de limpiar con la izquierda. Con la primera decisión, Obama dio un paso muy importante para impulsar un proceso de verdad y justicia que, entre otras cosas, es requisito para que EEUU tenga algún tipo de autoridad para hablar sobre los derechos humanos. Y con la segunda nos ha devuelto a la época de las leyes de amnistía que garantizaron que los asesinos y torturadores no fueran juzgados. Como esto ha ocurrido cuando va a empezar la cumbre de presidentes de toda América excepto Cuba, el caso se presta para mostrar las contradicciones del tío Sam en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). Cuba no forma parte de ese sistema porque no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA); EEUU tampoco, a pesar de que sí está en la OEA.

Eso de dejar en la impunidad a los torturadores indigna, por supuesto que sí. Pero además de indignar, llama la atención la “metodología” adoptada para ello. ¿Cómo es posible que en EEUU el Presidente decida qué ciudadano es pasible de una investigación judicial? ¿Y la separación de poderes? ¿Funcionan así las cosas normalmente, o es que Obama está violando su propio sistema legal? En el primer caso, cabe sugerir que EEUU sea expulsado de la OEA, como lo fue Cuba, puesto que su sistema democrático no se ajusta a los estándares establecidos en la Convención Interamericana. En el segundo caso, sería necesario activar la Carta Democrática que sirve para prevenir rupturas en el orden constitucional de los países miembros de la OEA.

En América Latina, los que quisieron garantizar la impunidad al menos tuvieron que pasar el roche de dictar leyes de amnistía, punto final, obediencia debida, etc. De esa manera, con una decisión mucho más “institucional”, “sistémica”, al menos hubo oportunidades para amplios debates y críticas y para la presentación de recursos legales al respecto. Pero ¿de qué naturaleza es esta decisión de Obama? ¿Administrativa? ¿Así se toman este tipo de medidas, en un despacho del Departamento de Justicia, sin rendirle cuentas a nadie?

Pero para efectos legales, lo relevante es que el SIDH ya ha establecido con mucha contundencia que los responsables este tipo de delitos no pueden ser beneficiados con ningún tipo de indulto o perdón, ni a través de leyes ni a través de perdones presidenciales. América (o “las Américas”, como gustan llamarla los gringos) ya ha pasado por esa etapa denigrante, ya la ha superado y ahora nuestros Fujimoris y Videlas ya han sido condenados, así como los militares que efectivamente llevaron a cabo torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la razón para ello? Cito a Ronald Gamarra en un artículo de hoy, pues me parece una buena y concisa explicación: se trata de “actos que la humanidad ha sancionado como atroces”. ¿Obama pretende pasar por encima del consenso moral de la humanidad y mantener a su país en la época de Bush y Abu Grhaib?

Lamentablemente, para efectos legales lo relevante también es que EEUU NO HA FIRMADO ninguno de los convenios del SIDH que establecen posibilidades de recurrir a organismos interamericanos. Si la masacre de La Cantuta hubiera ocurrido en EEUU, Fujimori y Martin Rivas estarían caminando por la calle y las Leyes de Amnistía estarían vigentes. Un ciudadano norteamericano que se sienta vulnerado por la decisión pro-impunidad de Obama no la puede denunciar ante la Corte de San José.

Mi pregunta ingenua es: ¿así Obama le pone condiciones a Cuba para “aceptarla” en el seno de nuestro sistema interamericano? Ojo, aquí quiero aprovechar para señalar que Hugo Chávez y todos los que plantean que la OEA debe morir cometen un grave (¿e interesado?) error, puesto que la expansión de los derechos humanos reconocidos por nuestros Estados se ha dado en el marco del desarrollo del sistema interamericano cuya organización madre es la OEA. El punto no es que la Convención Americana, la Corte y la Comisión Interamericana estén mal, sino que no se están aplicando a todos los miembros de la OEA. Por supuesto que Cuba no encaja dentro del SIDH y por supuesto que sí sería excelente que los ciudadanos de la Cuba socialista puedan recurrir a San José cuando sientan que su Estado está violando sus derechos. Para eso, Cuba no tiene por qué dejar de ser socialista.

Pero eso va de la mano con que si EEUU quiere mantenerse dentro de la OEA, debe someterse a las mismas condiciones y esta situación de dos varas para medir el respeto a los derechos humanos debe terminar.

Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

martes, 14 de abril de 2009

Tres tristes tragedias














La muerte se pasea libremente. (Foto: Tania Herrera)

Ocho niños y dos profesores muertos al caer un viejo puente en Cora Cora, Ayacucho. 14 soldados muertos en Sanabamba, también en Ayacucho, a manos de un grupo armado derivado del antiguo PCP-SL. 20 pasajeros muertos calcinados en la Panamericana Sur al chocar el bus en el que viajaban con una cisterna que transportaba gas.

Una tras otra estas tragedias han sido como cachetadas en un país en el que la muerte no deja nunca de ser la protagonista. No es que sean novedades, para nada. Nuestro ritmo de fallecidos en accidentes de tránsito es tan grande que casi equivale al holocausto que padecimos durante la guerra interna: 15 mil muertos en los últimos cinco años se proyectan a 60 mil en dos décadas. Claro que si miramos América Latina no estamos tan pésimo como otros países hermanos: estamos entre los países de “medio riesgo”. Pero frías estadísticas a parte, estamos ante una matanza sistemática. Matanza que para colmo afecta casi exclusivamente a los sectores más populares, que son los que más viajan en los peores servicios de transporte público. Cosa que explica suficientemente por qué a ninguna figura política le interesa demasiado el tema: enfrentar un coctail de corrupción, mala regulación, mala infraestructura, informalidad y empresas que abusan de sus trabajadores y de sus pasajeros es demasiado complicado para “sólo” salvar las vidas de tanto perro del hortelano.

Los enfrentamientos en los dos valles donde aún se mueven organizaciones armadas tampoco son una sorpresa, aunque lo cierto es que sí se han incrementado. El 2008 murieron unas 40 personas sumando todos los militares, senderistas y civiles caídos en el Huallaga y en la zona de los ríos Apurímac y Ene (que ahora llaman “VRAE”). Las dos emboscadas del fin de semana son los golpes más duros que han recibido las Fuerzas del (des)Orden desde hace mucho tiempo. Pero, junto con las muertes, lo que es más lamentable es el discurso desarrollado por ambos bandos. Las fuerzas del Estado y sus voceros oficiosos se dedican a desprestigiar a los organismos de derechos humanos y a predicar la aplicación de leyes militares para los pobladores, que solo son “soplones y burriers”. Y por la voz de Víctor Quispe alias “José”, quien por fin ha salido a dar noticias políticas de su organización, sabemos que los insurgidos se felicitan por responder de esta manera contra los aliados del imperialismo. Diálogo de sordos, negociación imposible, fin de la guerra impensable: cada uno de los adversarios es el demonio y debe morir. Es el resultado esperable tras no haber sido capaces de impulsar un proceso mayoritario de memoria, verdad y justicia.

En realidad, aquí también cabría hablar de otros peruanos muertos por motivos políticos pero que para la prensa no es políticamente conveniente recordar. Godofredo García, Eddy Quilca, Edmundo Becerra, Julio Rojas, Rubén Pariona, Emiliano García, Marvin Gonzalez son solo algunos de los nombres de compatriotas que murieron por motivos políticos sin haberse alzado en armas. Sicarios, agentes de seguridad privada, militares y policías los mataron en diversas circunstancias por pensar distinto y pese a estar realizando acciones francamente inofensivas para efectos de “seguridad pública”. Son casi 30 casos en los últimos dos gobiernos, y hasta donde sé solo en el “caso Suso” hay avances que permiten tener alguna esperanza de justicia, mientras que en los demás reina la impunidad.

El “Plan anticrisis” del Gobierno contempla inyectar este año 773 millones de soles para la construcción de tres tramos del IIRSA Sur, este proyecto de infraestructura vial que servirá para conectar a Brasil con el Pacífico a través de diversas rutas, facilitando el comercio de Sudamérica con China y Asia. Ojalá que el plan ayude a generar trabajo, desarrollo, etc, etc, etc, bla, bla, bla... Pero sobretodo ojalá que hubiera un plan mucho más ambicioso para que los miles de pueblos dejados a su suerte en cuestiones de infraestructura puedan renovar sus puentes y caminos y nunca más ocurra una tragedia como la de Cora Cora. ¿Qué es más importante para nuestros gobernantes: facilitar la agroexportación y hacer que Lima se vea bonita o interconectar de manera segura el interior del país? La respuesta cae por su propio peso si uno compara los gastos superfluos sumados a los gastos en megaproyectos proempresariales con los gastos viales en pequeñas localidades.

Lo más indignante de la caída del puente en Ayacucho es aquello que en la tele ha aparecido como lo más natural del mundo: que los heridos hayan sido trasladados a Lima. ¿¿Es que acaso no hay hospitales en Huamanga o en la provincia con los equipos y recursos suficientes para tratarlos?? Yo sé que la respuesta a esta pregunta retórica es: ”no”. Así como no se gasta en un pequeño puente, tampoco se gasta en hospitales, medicinas, colegios, universidades ni en nada de lo que constituyen derechos básicos de las personas.

Mientras la vida de los demás no valga nada porque son pobres, provincianos o porque piensan distinto, la muerte seguirá haciendo su agosto por estos lares. Ojalá que el hecho de que estas tres tragedias hayan tenido lugar de manera consecutiva nos ayude a darnos cuenta que no se trata de fatales hechos aislados, sino de la consecuencia natural de nuestra lógica de convivencia colectiva.


Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

domingo, 12 de abril de 2009

A la reja...

¿Quién hubiera creído posible en 1992, cuando Fujimori inauguraba su régimen dictatorial, que algún día un tribunal lo condenaría a terminar sus días tras las rejas? Lo que -como país- hemos hecho posible el martes 7 de abril es sin duda histórico en muchos sentidos.

Es poco lo que puedo agregar al respecto: solo me sumo a quienes ya han expresado que el fallo de la Sala Penal Especial nos dignifica, hace realidad aquello de que todos somos iguales ante la Ley, reivindica al Poder Judicial, es una clarísima advertencia contra tentaciones autoritarias y, por si fuera poco, es un precedente clave a nivel internacional. Nada de esto se hubiera hecho realidad sin la terca esperanza de las y los familiares de las personas asesinadas por el grupo Colina. A ellas y a ellos les debemos nuestro más grande reconocimiento, no solo por lo que significa este caso concreto, sino porque nos demuestran que luchando, lo imposible se hace posible.

Si es poco lo que puedo agregar sobre el significado y la consistencia de esta condena, quiero aprovechar que ya ha pasado el momento de la satisfacción inicial para ventilar algunas ingenuas reflexiones que me genera esta situación.

En primer lugar, la verdad más honesta es que no cabe la alegría. Porque lo que ha hecho el Poder Judicial, en cierto sentido, es dictar una sentencia condenatoria para el país. No es posible olvidar que cuatro años después de que el destacamento Colina iniciara sus acciones, una notable mayoría del electorado peruano votó por Fujimori, dándole una palmadita en la espalda cuando ya había suficientes elementos para concluir que para él los derechos humanos eran una cojudez.

Esto no es un atenuante: una persona no es más o menos culpable según cuántos votos tiene. Fujimori creó, apoyó y encubrió a un grupo de sicarios: eso está penado por la Ley y por ello se le ha sancionado. Pero el fallo es también una cachetada para los peruanos como colectividad política. Es un: “oigan, esta persona por la que votamos y volvimos a votar... ¡es un asesino! Lo sabíamos y no nos importó... ¿Qué nos pasó en ese momento?”.

En segundo lugar, debemos decir que esta sentencia no es un acto de “justicia”. Es un caso de aplicación estricta de la Ley, lo que es parecido pero no idéntico. “Justicia” tiene que ver con darle a cada uno lo que le corresponde, es decir, no se la puede medir por actos aislados sino por proporcionalidades. “Justicia” implicaría sancionar con un peso similar a los responsables de las masacres ocurridas durante los gobiernos de Alan García y Fernando Belaúnde. Y, leguleyadas a parte, yo entiendo que la responsabilidad de esos mandatarios es al menos muy similar a la de Fujimori. Nadie me va a decir que cuando Belaúnde entregó a las juntas político-militares el control del terrorismo no les dio también licencia para hacer su trabajo como ellos mejor supieran. Nadie me va a convencer de que él no tenía el dominio de la organización de la cual era Jefe Supremo mientras ésta desaparecía gente en Los Cabitos. Y exactamente el mismo razonamiento funciona para García, con el agravante de que él, también, ha sido reelegido luego de ocurridos los hechos.

La sentencia es jurídica. Sin embargo, la posibilidad de que Fujimori haya sido juzgado no es un hecho jurídico, sino político. Una afortunada correlación política de fuerzas ha permitido que esta vez, en este caso concreto, se aplique la Ley a un ex presidente. Pero correlaciones distintas han llevado, por ejemplo, a que un ministro de Defensa pueda encubrir descaradamente a los autores materiales e intelectuales de la matanza de Putis. Hoy, que nos enorgullecemos de la valentía de César San Martín y de los otros dos vocales, es importante recordar que un fallo no hace un verano. ¿En algún momento lograremos que la aplicación de la Ley no dependa del escenario político?

Por último, quiero hacer una reflexión menos políticamente correcta.

Por supuesto, reconozco que la sentencia me alegró... ¡Cómo no me va a alegrar, si estamos hablando del criminal al cual echamos del poder desde las calles! Sin embargo, si le doy una vuelta más debo reconocer que encuentro una contradicción conmigo mismo. Creo, como muchos, que en general la cárcel no es una solución ni útil ni aceptable. Según nuestras leyes, el objetivo del sistema penitenciario es la “rehabilitación” del reo. Sabemos que esto no se cumple casi nunca, especialmente porque las condiciones carcelarias son pésimas. Las condiciones carcelarias de Fujimori son un lujo, pero ¿eso cambia las cosas?

Es evidente que esta pena no busca la “rehabilitación” del dictador, sino castigarlo de una manera ejemplar con las herramientas que les hemos entregado a los jueces. Si la Ley dice que el asesinato está prohibido, eso debe cumplirse independientemente de que el infractor tenga poder o no lo tenga. La crítica a la carcelería tiene un parentesco con la crítica a la criminalización de la pobreza y con el hecho de que el encierro resta aún más oportunidades a los excluidos de siempre. Por eso, satisface que esta vez la Ley se aplique con todo rigor inclusive a una persona que tiene poder político y (nuestro) dinero. Por eso decimos que se ha fortalecido el principio de igualdad...

Sin embargo, no deja de quedarme un sabor amargo al sentir que también se ha fortalecido la legitimidad social del Estado como aparato represor y la cárcel como sanción socialmente aceptada. No está de más masticar esta contradicción que, estoy seguro, muchos tenemos, y pensar en cómo nos construimos como una sociedad de seres humanos libres que no requieren recurrir a la guerra para imponer sus puntos de vista ni a la cárcel para regular el comportamiento colectivo.


Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

lunes, 6 de abril de 2009

¿La última vigilia?













Este será tal vez el último plantón...

Hasta hace unos minutos estuve en la última vigilia previa a la sentencia contra Alberto Fujimori por los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

¿Cómo no sentirme profundamente emocionado? ¿Cómo no sentir mi mayor respeto y mi mayor admiración por Gisela Ortiz, Raida Cóndor y todos los familiares, públicos y anónimos, de las víctimas del destacamento Colina? Ellas y ellos levantaron la voz cuando una parte del país tenía miedo y la otra se refugiaba en la comodidad del “costo social” de la guerra. Ellas y ellos mantuvieron vivos los nombres de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres, y al hacerlo mantuvieron vivas las llamas de la dignidad, la resistencia y la esperanza de nuestro país.

¿Cómo no espantarme con las decenas de fotos de víctimas homenajeadas en esta vigilia y en las miles de vigilias similares que han tenido lugar durante años? Todas ellas y todos ellos, hermanos míos, hermanos nuestros, esperan obtener justicia esta mañana aunque sea de manera simbólica. Las 25 personas asesinadas en La Cantuta y Barrios Altos representan a los cientos de víctimas de los agentes paramilitares de la época de Fujimori, y más aún, a las miles de personas ejecutadas extrajudicialmente durante la guerra. Como comentaba con una compañera, profesora de La Cantuta: ojalá que no haya nunca más que llorar la muerte arbitraria de quienes piensan distinto. Ojalá que nunca más el Perú derrame sangre de personas por motivos políticos, y que nunca más la guerra sea considerada como una herramienta de lucha política.

¿Cómo no darse cuenta de todo lo que queda por hacer? Los Fujimoris, Montesinos, Colinas y Abimaeles que son símbolos de la violación de los derechos humanos más elementales durante las dos décadas de la violencia pueden estar detenidos, es verdad... Pero quedan libres los Mantillas, los responsables de las torturas en los Cabitos y tantos más. Y lo peor: siguen muriendo hermanos y hermanas nuestras. Allí están Godofredo García, Edy Quilca y Edmundo Camana, muertos en circunstancias muy distintas, en las manos de sicarios, de militares y de un irresponsable congresista, pero todos con algo en común: muertos como parte del juego político, como si sus vidas fueran prescindibles.

Pero al mismo tiempo, ¿cómo no esperanzarse? Si Fujimori, quien en un momento creyó tener y tuvo todo el poder en sus manos, está siendo juzgado... ¿Por qué creer que la impunidad será duradera para Alan García? ¿Por qué creer que no seremos capaces, también, de llevar a todos los Giampietris que quedan libres a responder ante los tribunales? La sentencia a Fujimori significa que por fin en nuestro país empieza a ser verdad eso de la igualdad ante la Ley y que por fin la vida de un heladero de Barrios Altos vale tanto como la de cualquier otro peruano, y vale tanto como para que, si el propio Presidente autoriza su muerte, tarde o temprano tenga que responder por ello.

Termino coreando el estribillo de los sikuris que acompañaron el acto: “las injusticias de este mundo, acabémoslas para siempre!!!”.


Nota: el documento original ha sido elaborado con OpenOffice.org Writer como procesador de textos. Utilice y difunda software libre: ¡No al monopolio corporativo de Microsoft y compañía!

En las puertas de la justicia...



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